Respuesta organizada ante suspensión de RGIs

A estas alturas quien más o quien menos conocerá la noticia: como parte de su campaña de «lucha contra el fraude» en las ayudas sociales, la consejería del Gobierno Vasco que dirige Gemma Zabaleta ha tomado la decisión de suspender la prestación de Renta Básica-Renta de Garantía de Ingresos a 6.262 unidades de convivencia (UCs) en la CAV este mes de diciembre. 

La noticia saltó a la prensa el pasado miércoles día 15, y desde ese mismo día tanto Argilan como ESK, además de denunciar semejante atropello a los derechos ciudadanos y la situación de total indigencia en que quedarán miles de ciudadanos y ciudadanas precisamente en unas fechas en las que se disparan los gastos –celebraciones y «cuesta de enero»–, hemos tratado sobre todo de recabar el máximo de información posible en torno a:  

  1. el alcance real de la medida, a qué tipo de UCs afectará, y los fundamentos jurídicos en que se han basado para adoptarla

 

  1. los pasos que a nuestro entender deberían o podrían dar las personas directamente afectadas, no sólo para que la suspensión no se prolongue en los meses posteriores, sino incluso para intentar dejarla sin efecto y que, si no el mismo día 23 de diciembre como hubiera sido preceptivo, al menos puedan recibir la prestación correspondiente a diciembre a finales de este año o principios del siguiente. Mecanismos y argumentos legales existen para ello, y en nuestra opinión el conseguirlo o no dependerá en gran medida de que logremos articular una respuesta contundente y organizada y la presión que se pueda ejercer sobre las Diputaciones y el Gobierno Vasco.

 

Somos conscientes de que además de ser fin de semana estás fechas están ya de por sí cargadas de historias, pero teniendo en cuenta la gravedad y urgencia del tema –y sobre todo que la mayoría de la gente afectada todavía ni siquiera sabe que este jueves 23 no van a cobrar la prestación–, os pedimos que déis el máximo de difusión a esta información entre los colectivos y organizaciones que trabajan en estos ámbitos, y sobre todo entre la gente perceptora de ayudas sociales que conozcáis y que bien pudiera estar directamente afectada por esta suspensión. Lo que sigue tal vez sea un poco extenso y seguramente haya cosas que a quienes no conozcan los entresijos de estas ayudas se les escaparán o les costará comprender, pero de todas formas consideramos importante compartirlas y tratar de explicarlas, pues afectan muy de lleno al día a día de miles de personas. 
 

1) Información de que disponemos a día de hoy 

Entre ayer jueves y hoy viernes hemos tenido conversaciones telefónicas con varios responsables del tema tanto en el Gobierno Vasco como de Diputación de Bizkaia, y cada cual nos ha contado una distinta versión de lo que ha ocurrido. También conocemos de primera mano el ambiente que se respira en la Diputación de Bizkaia, y es que son conscientes del enorme perjuicio que van a causar a miles de personas y el consiguiente y justificado cabreo que va a generar. Para el próximo martes día 21 tenemos concertada una reunión con Begoña Aguirre, jefa del Servicio de Lucha contra la Exclusión de la Diputación de Bizkaia, aunque ya hoy mismo hemos podido intercambiar con ella por teléfono bastantes cuestiones. 

Resumidamente, al parecer todo esto comenzó en el mes de octubre, cuando la consejería de Gemma Zabaleta realizó un cruce de datos entre los expedientes de RB-RGI y los datos del INEM para ver cuántos de sus titulares figuraban inscritos ese mes como demandantes de empleo, y envió a las Diputaciones la orden de suspender la prestación a quienes no tenían dicha inscripción actualizada, aunque en esa ocasión las Diputaciones no procedieron a la suspensión, primero porque la orden del Gobierno Vasco llegó cuando las nóminas de octubre ya estaban cerradas y la orden de pago enviada a los bancos, pero también porque, según nos cuentan desde la dipu de Bizkaia, entendieron que la lista que les hizo llegar el Gobierno Vasco estaba plagada de irregularidades. De hecho, se incluían en ella un montón de UCs a las que no afectaba la obligación de permanecer ininterrumpidamente inscritas en el INEM fundamentalmente por dos razones: 

  • La más clamorosa de ellas, porque se trataba en muchos casos de RGIs cuyo titular no tenía obligación de estar inscrito/a en los servicios de empleo por razones expresamente contempladas por el nuevo Decreto que regula la RGI: por tener más de 65 años y superar por tanto la edad laboral, o tener una pensión de invalidez, o tratarse de personas en situación de alta exclusión que a juicio de los Servicios Sociales de Base no se encuentran en situación de incorporarse al mercado laboral, o de personas extranjeras sin permiso de residencia, etc.

 

  • Pero también porque muchos de ellos eran expedientes de Renta Básica que aún no habían sido “reconvertidos” en Renta de Garantía de Ingresos, y por lo tanto se encontraban aún regulados por el “viejo” Decreto 198/1999, y no por el aprobado este año –el famoso Decreto 147/2010 contra el que nos estuvimos movilizando hace unos meses–, y que en principio sólo afectaría a las nuevas prestaciones concedidas ya como RGI, y a aquellas que aunque fueron tramitadas antes de que se aprobara la nueva Ley y el Decreto y fueron inicialmente “Rentas Básicas”, se transformaron en RGI bien porque los/as perceptores/as las han renovado después de junio –o sea, volvieron a entregar toda la documentación–, bien porque tal transformación se realizó “de oficio” por las Diputaciones, y así se les comunicó a las UCs mediante una carta en la cual avisaban en rojo y en mayúsculas que a partir de dicho momento pasaban a estar reguladas por el Decreto 147/2010 y deberían por tanto mantener actualizada su inscripción como demandantes de empleo.

 

Para hacerse una idea de lo arbitrario y totalmente carente de fundamento de la lista que mandó en octubre el Gobierno Vasco, comentar que, siempre según la versión de la Diputación de Bizkaia, inicialmente en este herrialde la suspensión debería haber afectado a más de 10.000 unidades de convivencia, pero que después de hacer una “criba” o “limpieza” y excluir de la lista que les facilitó el Gobierno Vasco a aquellas UCs que según sus informes se encontraban en las situaciones que acabamos de comentar, la dipu “consiguió reducir” dicha lista a un total de 4.776 expedientes. Es más, desde el Servicio de Lucha contra la Exclusión nos comentan que incluso después de haber hecho esa “limpieza” están convencidos de que muchos de los expedientes afectados siguen estando en situación perfectamente legal y por tanto la suspensión de la ayuda, al menos en su caso, no tendría base jurídica suficiente. Y seguro que es así, pues en Argilan conocemos casos de UCs que no van a cobrar este mes pese a tratarse todavía de Rentas Básicas “de las de antes” que no han recibido la famosa carta de reconversión en RGI ni nada por el estilo. Es importante tener esto en cuenta pues lo que están haciendo con estas UCs, además de un abuso y un auténtico despropósito, sería totalmente ilegal.  

A partir de ahí, todo el mundo echa balones fuera y trata de pasar a otros la responsabilidad. Las diputaciones argumentan –obviamente con razón– que el no haber renovado la tarjeta del INEM no está entre los supuestos que la Ley establece como motivo de suspensión por pérdida de los requisitos para tener derecho a la prestación, y que si hasta ahora no se había exigido a las UCs tener actualizada dicha tarjeta es entre otras razones porque nunca han tenido acceso a los datos del INEM, cosa que al parecer Gemma Zabaleta y su equipo si tiene. Pero además, insisten en que ya desde un primer momento transmitieron al Gobierno Vasco en sendas reuniones, primero de los cargos políticos –viceconsejero y diputados de Acción Social– y después de los técnicos o responsables políticos de inferior nivel, que no existe base legal suficiente para suspender indiscriminadamente la prestación por dicho motivo. De hecho, hoy mismo –viernes– ha aparecido en prensa que tanto las tres diputaciones como el ayuntamiento de Gasteiz estiman que al menos la mitad de esas suspensiones afecta a UCs que se encuentran perfectamente en regla. Evidentemente, todo esto no es sino un intento de evitar pagar el precio político –si es que lo va a tener– de una decisión de la que las diputaciones son tan responsables como la señora Gemma Zabaleta, y es que pese a que se justifiquen argumentando no tener más remedio que obedecer las instrucciones de la Consejera porque es el Gobierno Vasco quien pone el dinero para el pago de la prestación, y que no tendrían por qué poner de sus propios presupuestos el dinero correspondiente a las 6.262 prestaciones que el Gobierno Vasco había decidido retirar, el conceder, denegar y suspender las ayudas es competencia de las diputaciones, y deben hacerlo siempre cumpliendo con la legalidad que ellos mismos han establecido y respetando el procedimiento administrativo. Además, se podría haber evitado fácilmente llegar a esta situación si en octubre, tan pronto conocieron las intenciones de la consejera Zabaleta, hubieran enviado una carta a todas las UCs que figuraban en aquella primera lista para advertirles de la situación en la que se encontraban y recordar a quienes tuvieran teóricamente la obligación de hacerlo –que, insistimos, no eran ni la mitad de los casos y ni siquiera está expresamente así establecido en el Decreto– que debían tener actualizada su inscripción en los servicios de empleo.  

En definitiva, decisión de unos o de otros –o de todos–, el caso es que en Bizkaia las nóminas para el cobro de la RB-RGI de diciembre se cerraron el pasado día 15 y, pese a ser conscientes de su más que dudosa legalidad y de que existen numerosas y clamorosas irregularidades, poco les ha temblado el pulso en Diputación para dejar fuera del cobro este próximo 23 de diciembre a 4.776 Unidades de Convivencia. Y otro tanto ha ocurrido en Araba y Gipuzkoa. Y como además era de temer, en el caso de que las unidades de conviviencia afectadas por la suspensión estuvieran percibiendo además de la RGI la Prestación Complementaria de Vivienda o el complemento para UCs monoparentales, tampoco cobrarían estas ayudas en el mes de diciembre –nos han confirmado que habrá más de 1.000 suspensiones de PCV sólo en Bizkaia–. O sea, las UCs afectadas no cobrarán este mes nada de nada, ni la RB-RGI, ni la PCV para el alquiler, ni el complemento para UCs monoparentales. 
 

2) Posibles acciones y respuestas de la gente afectada 

Cuando las propias diputaciones están poniendo en duda la legalidad de esta medida es por algo. De hecho, ateniéndonos estrictamente a la literalidad de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y el Decreto 147/2010 que lo regula, en ningún caso se recoje que el hecho de no tener actualizada la inscripción a las listas del INEM conlleve de por sí la suspensión del derecho a la prestación. Argumentos hay sobrados para discutir esa interpretación. Otra cosa es el cómo y el cuándo conseguir que a las 6.262 UCs afectadas se les reconozca su derecho al cobro de la cuantía correspondiente a diciembre, y desde luego al menos en Bizkaia lo que ya a fecha de hoy es imposible –las nóminas para el pago se cierran como mínimo una semana antes– es que puedan cobrar el día 23 de diciembre, como les correspondía. Pero partiendo de que la Diputación ha reconocido públicamente y ha argumentado el porqué de la no-legalidad de estas suspensiones, y teniendo en cuenta que hasta que se transfiera totalmente la gestión de las ayudas a Lanbide –de aquí a un año– es la Diputación quien debe resolver los posibles recursos en uno u otro sentido, creemos necesario organizar una respuesta colectiva para forzarla a restituir el derecho de todas las personas y unidades de convivencia afectadas al cobro de este mes a la mayor brevedad. Visto el talante que ha demostrado la señora Gemma Zabaleta y su equipo aún antes de haber asumido la gestión de la RGI –la transferencia de las diputaciones a Lanbide-Gobierno Vasco comienza teóricamente el próximo 3 de enero y se irá realizando paulatinamente a lo largo de todo el 2011–, lo que está en juego es no sólo el pago de la prestación de diciembre, sino el que se sigan cometiendo a futuro este tipo de abusos y atropellos. Como en tantas ocasiones, todo dependerá en gran parte de la respuesta que se logre dar, y por eso el llamamiento a que dicha respuesta de la gente afectada sea, en la medida de lo posible, conjunta y organizada. 

Respecto a la vía puramente legal, hay argumentos más que sobrados para solicitar la revocación de la medida, y hacerlo de forma inmediata sin necesidad de acudir a la vía contencioso-administrativa pues esto nos situaría en la perspectiva de uno o dos años desde esta fecha. Desde Argilan estamos preparando ya los borradores de dos tipos de recursos-escritos que cabría interponer ante esta suspensión, uno para presentar de forma inmediata –escrito de queja, a resolver por el Gobierno Vasco– y el recurso de reposición contra la Orden Foral de suspensión que recibirá cada UC afectada, previsiblemente en enero, y que deberán resolver las diputaciones. Aunque entre las 6.262 UCs afectadas habrá todo tipo de situaciones y consiguientemente los motivos para recurrir las suspensiones serán diversos, unos con más probabilidades de prosperar que otros, creemos que interesa también en la vía jurídica o legal actuar de la manera más unitaria y colectiva posible, y de hecho invitamos a los colectivos o personas que tengan cualquier tipo de sugerencia o planteamiento a poner en común sus opiniones para tratar de confluir, siempre que sea posible, en un modelo de recurso unitario y colectivo. En principio los fundamentos jurídicos para recurrir las suspensiones serían, resumidamente: el propio Decreto 147/2010 establece que no toda UC perceptora de RB-RGI tiene la obligación de “permanecer inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo”; dicha inscripción es una obligación administrativa, y no un requisito para la concesión de la RB-RGI, como se afirma en el documento que el Gobierno Vasco envió a las diputaciones instando a la suspensión del pago a los 6.262 expedientes afectados; la “

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