El Ayuntamiento de Bilbao vulnera derechos fundamentales de las personas

Esta mañana, diversos colectivos sociales de Bizkaia nos hemos concentrado a las puertas del Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de Bilbao para hacer entrega a sus responsables de una carta recordándoles que es totalmente ilegal la ya extendida práctica de suspender el pago de la RGI en base a informes de la Policía Municipal defectuosos y sin ningún tipo de valor como prueba [ver el texto completo de esa carta]. Evidentemente, el Ayuntamiento de Bilbao es totalmente consciente de que este tipo de suspensiones no tienen ningún fundamento jurídico, pese a lo cual no sólo se empeña en mantenerlas, sino lo que es más preocupante, cada vez nos estamos encontrando con más casos de este tipo de suspensiones, en los que las personas afectadas ni siquiera saben realmente qué supuesta irregularidad han cometido para que se les suspenda la prestación, pues según el ayuntamiento esos informes de la Policía Municipal que sirven como prueba para practicar la suspensión son «confidenciales». Es más, tal y como explicamos en la carta, a finales del pasado año el Ayuntamiento de Bilbao aprobó un protocolo totalmente contrario a la ley según el cual esos informes tendrían una validez de seis meses, durante los cuales las personas afectadas no tendrían derecho a exigir que se realice un nuevo informe con todas las garantías, dejándoles por tanto en una situación de absoluta indefensión. Como ejemplo de lo anterior, dos personas han contado sus casos personales: a una de ellas se le suspendió la prestación porque, siempre según el informe de la Policía Municipal, «vive con su abuela», cuando en realidad su vivienda y la de sus familiares están puerta con puerta, pero se trata de viviendas independientes y así consta en los planos del edificio y en el propio padrón municipal; y en el otro caso la excusa que sirvió de motivo para la suspensión (posteriormente anulada, lógicamente) fue que una vecina informó a los agentes de que en ese piso vivía «una chica», cuando los agentes habían preguntado por «una señora», aunque evidentemente se trataba de la misma persona, lo cual nos puede servir para hacernos una idea del grado de «rigor» y «exactitud» que tienen estos informes policiales.

Por todo ello, los colectivos firmantes de esa carta hemos exigido al Ayuntamiento de Bilbao que retire esos protocolos, cese esa práctica ilegal e inste al levantamiento de la suspensión en todos aquellos casos en los que la única «prueba» consiste en un informe de la policía municipal hecho sin ningún rigor ni fundamento; en caso contrario, no descartamos ni mucho menos acudir a los tribunales para poner una denuncia por prevaricación contra los responsables municipales. Además, y por último, queremos llamar la atención acerca de que el Negociado de Control e Inspección está utilizando este tipo de suspensiones totalmente ilegales y sin ningún tipo de fundamento para inflar las cifras del supuesto «fraude» en las prestaciones descubierto en la ciudad, cuando en realidad el único fraude que existiría en la gran mayoría de estos casos es el que el propio Ayuntamiento comete con los ciudadanos y ciudadanas al suspenderles el derecho a la RGI sin existir ningún motivo para ello.

Be Sociable, Share!
Esta entrada fue publicada en Sin categoría y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.