Información actualizada sobre la suspensión del pago a 6.262 unidades de convivencia

El pasado miércoles 29 tuvo lugar una reunión “técnica” entre representantes de las distintas instituciones —Diputaciones, Gobierno Vasco y algunos ayuntamientos— que debía servir entre otras cosas para buscar una salida al embrollo jurídico y mediático en el que se encontraban metidos desde hacía tres semanas, sobre todo desde que salió a la luz pública el sinfín de irregularidades y errores que siguió a la decisión de la consejera Gemma Zabaleta de suspender el pago de la prestación a 6.262 unidades de convivencia. Al parecer, y según hemos podido ir confirmando —aunque sin duda lo propio habría sido que se hubiera anunciado públicamente lo acordado en esa reunión, dándole al menos el mismo tratamiento que en su día tuvo el anuncio de las suspensiones—, finalmente en dicha reunión se habría tomado la decisión de rectificar lo hecho hasta el momento, asumiendo en buena parte algunas de las cuestiones básicas que ya desde un primer momento veníamos exigiendo, en concreto:

1)    Las Ordenes Forales de suspensión que se emitieron en Bizkaia el 16 de diciembre, incluido el “aplazamiento” a última hora de los efectos de la sanción de diciembre a enero y por tanto la amenaza de suspender el pago de ese mes a 4.767 unidades de convivencia (UCs), quedarían anuladas. Es decir, la suspensión queda sin efecto y quienes hayan recibido las dos cartas de Diputación cobrarán también el mes de enero.

2)    Por otra parte, se iniciará un nuevo procedimiento de comprobación de datos, que comenzará esta misma semana con el envío de las Diputaciones al Gobierno Vasco de un nuevo listado “depurado” y actualizado en el que en principio no deberían aparecer aquellas UCs que estén exentas de la obligación de inscribirse como demandantes de empleo; y el Gobierno Vasco cruzará dichos datos con la lista de quienes figuraban inscritos en el INEM o Lanbide el pasado jueves 30 de diciembre.

3)    Y en adelante, caso de que encuentren indicios de que una UC ha incumplido alguna obligación, no se ordenará automáticamente la suspensión de su derecho a la prestación, sino que la decisión de suspender o no se aplazará hasta después de que finalice un procedimiento con unas mínimas garantías, incluido el derecho de las personas afectadas a ser informadas y a disponer de un plazo para presentar alegaciones y/o cualquier medio de prueba para demostrar la inexistencia de tal incumplimiento.

En definitiva, quince días de movilización y denuncia han dado como resultado una rectificación y el reconocimiento de la prestación de Renta Básica-Renta de Garantía de Ingresos como un derecho y no una simple muestra de “benevolencia” de las instituciones, y por lo tanto, que las personas que en un momento determinado ejercen ese derecho deben ser tratadas con el mismo respeto y rigor —incluido el “respeto a las leyes” del que tanto le gusta hablar a la señora Zabaleta— que el debido a cualquier ciudadano o ciudadana, por mucho que algunos lleven tiempo empeñados en una clara campaña de criminalización y desprestigio en su contra.

Dejamos pendientes para los próximos días algunas reflexiones y una valoración algo más sosegada desde Argilan sobre lo ocurrido estas últimas semanas. De momento, simplemente vamos a tratar de completar la información con algo más de detalle:

1)     Respecto a las Ordenes Forales de suspensión del 16 de diciembre, que la Diputación de Bizkaia comunicó por carta a 4.767 perceptores/as: en principio se emitirá una nueva Orden que las anulará y dejará sin efecto, aunque según nos han comentado no habrá un nuevo envío de cartas a las UCs afectadas pues no lo consideran necesario. En realidad, en parte es así, pues técnicamente esas Ordenes Forales de suspensión habrían prescrito en el mismo momento en que la propia Diputación decidió “de oficio” no hacerlas efectivas y pagar a todo el mundo el mes de diciembre.

2)     En cuanto a futuros procesos de comprobación de datos, las Diputaciones se encargarán durante estos meses —para finales de este año 2011 la gestión de las prestaciones debería hacerse íntegramente desde Lanbide— de garantizar que no se repitan este tipo de “errores”, para lo cual enviarán mes a mes al Gobierno Vasco una lista de las UCs perceptoras en las que no estarán:

  • Quienes tienen concedida la prestación como “Renta Básica”, y todavía no han recibido la carta de Diputación informándoles de que han reconvertido esa ayuda en “Renta de Garantía de Ingresos”. Esto es importante porque en Bizkaia hay todavía miles de expedientes “antiguos” que todavía no han pasado de RB a RGI.
  • Personas en situación de alta exclusión y de difícil empleabilidad, a juicio de los Servicios Sociales de Base.
  • Pensionistas menores de 60 años, o con pensiones de invalidez absoluta, etc.
  • En el caso de las personas migradas que tenían permiso de trabajo cuando solicitaron la ayuda, deberá ser el Gobierno Vasco quien compruebe si ese permiso sigue teniendo validez o ha caducado, pues las Diputaciones no tienen acceso a esa información, pero sí el INEM.

Esa es la idea. El problema es que, conociendo la lentitud e incapacidad de Diputaciones como la de Bizkaia para tramitar y resolver expedientes con una plantilla de personal claramente insuficiente para un número cada vez más elevado de perceptores/as, y dado que este proceso de “criba” o revisión se deberá hacer todos los meses, mucho nos tememos que los “errores” en el cruce de datos van a ser constantes.

3)     Y sobre el procedimiento a seguir contra quienes, en opinión de las Diputaciones o el Gobierno Vasco-Lanbide, han “incumplido sus obligaciones”, no deja de ser una buena noticia que finalmente hayan terminado por reconocer algo sobre lo que venimos insistiendo desde el incio de este proceso: que el “incumplimiento de obligaciones” daría lugar en todo caso a “otro tipo de suspensión” —como ya nos han reconocido— distinto del que se da cuando una UC pierde alguno de los requisitos que dan derecho a la prestación, por lo que en ese caso no sería legal aplicar la “suspensión cautelar” como han venido haciendo hasta ahora —en nuestra opinión, casi siempre de manera injustificada y arbitraria; pero ese es otro tema—, y que al tratarse de una suspensión con un claro carácter sancionador, deben respetar el procedimiento que las leyes establecen para aplicar sanciones, comenzando por informar a la persona afectada, y sobre todo permitiéndole que alegue o argumente lo que considere oportuno antes de tomar ninguna decisión.

Hasta aquí las “buenas noticias”. Pero a partir de ahí… son muchos ya los años que llevamos padeciendo los continuos abusos y atropellos de las Diputaciones a la hora de interpretar la ley a su antojo, suspendiendo el derecho a la prestación muchas veces sin fundamento alguno y basándose simplemente en “sospechas”, “conjeturas” o “intuiciones”, por lo que independientemente de que sea uno u otro el procedimiento que se siga para decidir las suspensiones, nada nos invita a ser optimistas y todo apunta a que el nuevo Decreto, como venimos denunciando ya desde antes de su aprobación, tiene como único objetivo ahondar en el recorte de los derechos sociales y dar cobertura legal a la sistemática retirada de las prestaciones, por lo que para concluir hacemos un llamamiento a las personas perceptoras para que, primero y ante todo permanezcan alerta para evitar caer en cualquier posible situación de indefensión ante un hipotético procedimiento sancionador —por ejemplo, comunicando siempre por escrito cualquier cambio en las circunstancias de la UC, como un cambio de domicilio, un contrato temporal, una enfermedad grave u hospitalización que impida ir a renovar la demanda de empleo; o simplemente para justificar la búsqueda activa de empleo por otros medios distintos a Lanbide-Inem como bolsas de trabajo, ETTs o agencias de colocación; o su participación en procesos de formación, etc. —, pero también a que se impliquen activamente en la defensa de este derecho que nos asiste a todos y todas, y no sólo a quienes se encuentran percibiendo en un momento dado la prestación. La organización y movilización de las personas directamente afectadas es la única garantía de que procesos ilícitos y recortadores de derechos como el que acabamos de sufrir no se repitan en el futuro.

Be Sociable, Share!
Esta entrada fue publicada en Información y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.