La pendiente resbaladiza de la RGI

Igor Mera-ESK Sindikatua

Estos días el gobierno central ha dado a conocer que el 80%, 60.000 millones de euros, del dinero gastado en el conocido rescate bancario del año 2012 se dan por perdidos. Ello, a pesar de que el mantra que decía que el rescate bancario no costaría ni un solo euro público fue repetido hasta la saciedad por el señor Rajoy. Vista la realidad, 5 años después, queda patente que bien el gobierno mintió a sabiendas o estamos ante unos gestores de lo público totalmente incapaces. En cualquiera de los casos deberían abandonar sus cargos y dar paso a gente más honrada o simplemente más capaz.
¿Cuántas portadas de prensa ha ocupado esta cuestión en los últimos días? ¿Cuántas columnas de opinión han sido rubricadas? ¿Cuántas iniciativas parlamentarias o gubernamentales anunciadas para poner coto a tal nivel de latrocinio? La respuesta, para la lectora avezada es evidente, los grandes medios de comunicación han pasado de puntillas sobre este asunto.
Silencio mediático que se hace más evidente si comparamos este tratamiento informativo con los ríos de tinta y horas de tertulias que se han invertido en desenmascarar el ‘gran fraude’ de la RGI en la CAPV. Un fraude, éste último, cuantificado por el propio Gobierno Vasco en un 0,23% de un presupuesto anual que ronda los 500 millones de euros. Hablamos, por tanto 1,4 millones de euros en una prestación que perciben más de 100.000 personas frente a los 60.000 perdidos en el recate bancario (un 80% del total frente a un 0,23%) o los 2.230 millones de fraude fiscal anual a las haciendas forales vascas. Fraude fiscal o rescate bancario que no hacen si no reforzar la acumulación de la riqueza en pocas manos.
Fijada pues la cuestión en estos términos cuantitativos, por qué se da un tratamiento mediático y un nivel de iniciativas políticas tan desigual en ambos casos. Por qué tal desproporción si comparamos los tratamientos dados al fraude fiscal o al dinero perdido en el rescate con el fraude en las prestaciones que protegen a la gente empobrecida y precaria de nuestra sociedad. Debemos preguntarnos qué es lo que hay detrás de esta diferencia de trato en ambas cuestiones.
¿Por qué nos parece normal que gente rica y empresariado defrauden al sistema a manos llenas, pero somos tan intransigentes con el fraude de la gente pobre? ¿Por qué nos parece normal que un gobierno mienta a la población para inyectar miles de millones en los bancos, pero cuestionamos los recursos destinados a mitigar las situaciones más graves de pobreza y exclusión? No será que al igual que en la Edad Media los señores feudales tenían derecho de pernada, en la actualidad la gente rica y poderosa tiene derecho a utilizar cuantos medios estén a su alcance (legales o no, éticos o no tanto) para incrementar beneficios corporativos en base a la destrucción sistemática y a buen ritmo del escaso estado del bienestar y de esquilmar las arcas públicas.
Precisamente para que esa destrucción de lo público pueda prosperar, en un sistema democrático es necesario la complicidad de las mayorías sociales. El terreno de juego del control de las mayorías no es otro que el de la construcción del discurso social hegemónico. Discurso que funciona en el cerebro humano como mecanismo por defecto de aprehensión de la realidad, es lo que establece lo que se ve como normal.
Terreno de juego el de la construcción del discurso donde el mismo gran capital (banca, eléctricas, empresas de telecomunicaciones,…) que controla los designios de los grandes partidos (PP, PSOE, PNV, PdCAT,… ) es quien copa accionariado y consejos de administración de los medios de comunicación hegemónicos. Así, de manera en apariencia paralela, pero con precisión suiza, discursos e iniciativas políticas de estos partidos y líneas editoriales de los medios construyen la realidad y lo hacen generando unos marcos conceptuales que favorezcan el apoyo de la sociedad a sus intereses.
En la batalla del discurso contra la RGI que hemos vivido en la CAPV, hemos visto cómo los mismos medios que amortiguan la corrupción, escándalos financieros y la mala gestión pública son quienes han colaborado con PP y PNV en tejer la red de la sospecha sobre la gente perceptora de esta prestación social que desde el año 1991 tiene el rango legal de derecho subjetivo de la ciudadanía.
El marco conceptual en el que se ha jugado esta batalla es el que establece que mientras la gente rica y poderosa, por el mismo hecho de serlo, tiene derecho de pernada, la gente empobrecida y excluida algo habrá hecho para estar en esa situación. Así, la manera ‘normal’ de ver la realidad dice que la persona pobre es de una catadura moral inferior, que tiende a ser vaga, despilfarradora, de vida disoluta, con vicios de toda naturaleza,… Si esto es lo ‘normal’, igualmente normal será pensar que, no es adecuado dotar a la gente pobre los mismos derechos que al resto de la ciudadanía (el nosotros y ellos se define en función de estar o no el circuito de las prestaciones sociales). Pensemos en la cantidad de in putscomunicativos y culturales que hemos recibido para apuntalar ese marco conceptual de la pobreza.
Es precisamente este marco conceptual, esta manera de comprender la realidad, la que nos lleva a pensar que las ayudas que les concedamos para que no estén en la calle delinquiendo (todas sabemos que es otra de sus querencias) tienen que ir asociadas a un sistema de control y contar con una gestión lo más alejada del concepto de derecho; derecho del que no son merecedoras en tanto en cuanto no son buenas ciudadanas. Control y sustitución del derecho por una prestación asistencial (caritativa) son, precisamente los pilares de la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos presentada hace varias semanas por la ya infame Señora. Artolazabal.
Entender la distinta concepción moral sobre de gente rica y pobre que se construye, así como los mecanismos político-mediáticos que han operado y lo siguen haciendo en torno a las políticas contra la pobreza en la CAPV, nos puede ayudar afrontar mejor el futuro. Y es que, puestas a pensar, puede, sólo puede, que esta no sea más que la punta de lanza, la pendiente resbaladiza por la que EAJ-PNV (con su fiel muleta ‘socialista’) pretende que se deslicen los derechos sociales de la ciudadanía vasca en beneficio de los intereses de la clase empresarial y propietaria, creadora y sustentadora ayer y hoy del partido.

 

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