LA RENTA BÁSICA NO ES UNA SOLUCIÓN MÁGICA PERO TAMPOCO UNA UTOPÍA

En un momento de crisis sanitaria y económica como el que estamos viviendo hay otra crisis, más silenciada y más invisible, que es la crisis social. Una que está viviendo un porcentaje cada vez más amplio de la población y que, de algún modo, está callada, latente y ausente de los medios y los grandes titulares de prensa.

Esta crisis social o urgencia social tiene, como casi todas las cuestiones, una dimensión temporal agravada por la pandemia sanitaria, pero sin duda también, una dimensión estructural que hace que tanto en el Estado como en Euskadi haya miles de personas, millones, que viven en situación o riesgo de pobreza. Hablamos de en torno a 12 millones de personas en riesgo de pobreza según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en el año 2018 que, sin duda, no va a ir a mejor en este extraño 2020 que se enfrentan a privaciones cotidianas que les hacen vivir con un pie en el abismo, con inseguridad y con miedo a no tener para poder pagar el alquiler, un imprevisto o proteína para ellas y sus hijas e hijos. Hablamos de más de 5 millones de personas en pobreza severa. 5 millones de personas que ya están en el abismo, que no pueden pagar su casa, que comen de la beneficencia y sienten como un lujo encender la luz de casa porque no tienen para pagarla. Estos 5 millones, lamentablemente, en el contexto en que estamos viviendo van a ir a más.

En el conjunto del Estado la desigualdad se incrementa encuesta tras encuesta y quienes más tienen, cada vez tienen más y están más lejos del común de los mortales que hemos perdido la capacidad de ahorro, la de hacer frente a imprevistos y, en muchos casos, hasta la de tener esperanza en que el futuro nos traerá más estabilidad y menos precariedad. El precariado, que era una clase social incipiente o reducida a unos nichos muy concretos y tremendamente castigados hace no demasiados años, es ya la clase mayoritaria. Se encuentran sumidas en la precariedad incluso profesionales, como por ejemplo las sanitarias, que nunca pensaron verse. La temporalidad que antes era lo que encontrabas en los primeros años de tu vida laboral, hoy te impide hacer proyectos de futuro, de independencia o de familia. En definitiva, nos impide planificar nuestras vidas con tranquilidad y capacidad de proyección.

La realidad, la miremos por donde la miremos, es que por mucho que las instituciones y los discursos políticos se empeñen en decir lo contrario, el empleo no es ya garantía de poder tener una vida con las necesidades cubiertas, sino para cada vez más personas, un espacio de inseguridad que vez se traga ingentes esfuerzos personales mientras no te mantiene en la precariedad y la pobreza.

Al mismo tiempo, en otro de los prismas desde el cual miramos y debemos abordar la crisis social de la que hablamos, tenemos a las Instituciones. Instituciones (sobre el papel al menos) responsables de proteger a la ciudadanía.

Hablamos del SEPE colapsado y sin poder dar cabida, en la mayor parte del Estado, ni siquiera a la misión principal que tiene de apuntar en sus registros a quienes buscan empleo.

Hablamos de la Seguridad Social y su sistema de protección, contributivo y no contributivo, que a día de hoy no protege. No es capaz ni de dar cabida a responder al teléfono o dar citas, porque el personal que tiene no da abasto a responder a las demandas ciudadanas.
Hablamos de las administraciones autonómicas y locales que no protegen ni dan desarrollo a su capacidad de protección que, si ya era fina, con la COVID-19 está presentando agujeros constantemente.

Y hablamos de todo ello porque en el Estado los sistemas de protección social son débiles y están, contra todo sentido lógico, cada vez más preocupados en controlar a la gente que en protegerla.

En Euskadi, pese a toda la publicidad que se da, tenemos leyes estupendas que reconocen derechos que se encuentran cada ejercicio presupuestario, más vacíos. Se han recortado las cuantías y cada mes se expulsa del derecho a miles de personas. Pero no por no cumplir requisitos, sino porque el laberinto burocrático que han creado está pensado, como en “Los juegos del hambre”, para que solo los supere quien mejor resiste y mejor se mueve (solo o acompañado) por los laberintos de una administración que está lejos de buscar lo que las leyes le mandatan.

Tenemos, por ejemplo, reconocido el derecho a la garantía de ingresos hace más de 30 años y cada vez es menor la protección, el derecho y el porcentaje de población que accede (pero, lamentablemente, no porque mejoren los niveles de pobreza sino porque dificultan el acceso).

Tenemos reconocido el derecho al acceso a servicios sociales y cada vez es mayor la maraña de obstáculos que encuentra la gente para poder acceder a ellos y más rígidas las estructuras que están lejos de los problemas reales de las personas. No existen datos claros y no se realizan las evaluaciones, no vaya a ser que nos digan que no están sirviendo como deben, a la inclusión y la garantía de derechos de la ciudadanía con problemas de pobreza, de exclusión social, de pérdida de autonomía, en desprotección o con discapacidad. Tenemos muchos servicios como los de reparto de alimentos que, desde la buena voluntad, parchean y contribuyen a frenar las consecuencias de la pobreza, pero a la vez, están cada vez más saturados y son menos capaces de sostener y de contener. Y hay personas que están pasando hambre en pleno año 2020 en un planeta con niveles de riqueza insultantes.

Tenemos también una ley de vivienda que garantiza el derecho y que no sólo no conoce nadie, sino que en lugar de impulsarse, ante la incapacidad de darle salida, se esconde. A día de hoy, para que quede claro que no me invento los números, en datos del Departamento de Vivienda del primer trimestre del año 2017 (últimos datos actualizados), no se le reconoce ni a un 10% de la población con necesidad de vivienda. Hay 5.196 reconocimientos de derecho subjetivo frente a 56.677 personas con necesidades de vivienda en la Comunidad Autónoma.

Tenemos un sistema de cuidados ausente e inexistente en un contexto de envejecimiento de la población que hace que los cuidados generen:
· Precariedad, en quien los precisa y en quien los da;
· Discriminación, en el acceso a los mismos en función del nivel adquisitivo;
· Y desigualdad, entre mujeres y hombres porque somos las mujeres quienes soportamos la mayor parte de las tareas de cuidados que son indispensable para el sostenimiento de las vidas de todas las personas y de la propia sociedad capitalista en que vivimos.

Y con todo esto, a nivel Estatal para protegernos a todos y salir medio dignamente del rapapolvo que hace meses echó al país las Naciones Unidas, nos presentan el ingreso mínimo vital que, lejos de las pretensiones de su propio objetivo, no da cobertura ni al 80% de la población que se encuentra en situación de pobreza.

Frente a todo, o además de todo, una Unión Europea con una Carta preciosa de Derechos Sociales que reconoce que la población debe de estar protegida por los Estados pero que a la hora de la verdad solo reconoce el empleo y ayudas relacionadas con el empleo como mecanismos de protección válidos y financiables.

Y en medio de todo esto, las personas. Muchas que lo están pasando mal y que pierden la confianza en las instituciones, muchas que se abrazan a los dictados más populistas porque al menos sienten que las ven y que hablan un lenguaje que entienden. Un lenguaje que lo es todo porque el contenido está cada vez más difuminado en todos los espacios y no importa que, a la hora de la verdad, esos partidos que llegan a las tripas de mucha gente no lleven ni una sola medida dirigida a que sus vidas mejoren (sino más bien todo lo contrario).

Y en este contexto, ¿qué? ¿Sirve un ingreso mínimo vital que levanta esperanzas y defrauda expectativas? ¿Sirven planes de empleo y propuestas que siguen sin ver a la gente abajo lejos de lo que se mandata y de dónde se mandata?
¿Consideramos de verdad que una sociedad se puede sostener así? ¿Durante cuánto tiempo? ¿sobre los hombros de quienes? ¿Cuánto tiempo son capaces de aguantar los parches sobre parches que se ponen constantemente?

No nos damos cuenta pero cada día se legitiman más los discursos de la xenofobia y de la aporofobia. Cada vez tienen más espacio y más cabida, resulta menos pudoroso mostrarse abiertamente racista, xenófobo o simplemente rechazar al pobre. Pero no porque la gente sea efectivamente más racista, más xenófoba o más aporófoba, sino porque el abismo de vernos en la pobreza, la inseguridad y el miedo ocupan cada vez más espacio en nuestras vidas, y nos hacen estar más lejos de quienes viven cada día en mayor y mejor abundancia. Y eso es el caldo de cultivo perfecto para la discriminación, que no es más que un espacio que te permite de una forma sencilla encontrar un culpable de tus males que esté a tu alcance.

En este contexto de clara desigualdad y de cada vez más distancia entre administraciones y administrados estamos asistiendo a un dilema que, al menos para mí, es bien claro. ¿Queremos proteger a la ciudadanía por lo que aporta o por ser ciudadanía? ¿Acaso no merece tener sus necesidades básicas cubiertas cualquier persona? ¿Acaso no aportamos todas de un modo u otro?

En mi opinión, la constitución de una medida social desde las instituciones públicas como la Renta Básica es el camino para hacerlo. Y es el único siempre y cuando reúna las condiciones de ser:

Incondicional, porque ya tenemos experiencia de lo que son la verificación del cumplimiento de requisitos que buscan controlar presupuesto y ralentizan, bloquean y nos noquean a unas administraciones que están lejos de contar con la inversión que se necesita. Pero sobre todo, porque la realidad hace que la imposición de requisitos deje siempre a alguien fuera, que se tenga que demostrar lo pobre que eres antes de pedir ayuda y contribuye a la vergüenza, al estigma y la división social entre quien aporta (que sería de primera) y quien en teoría no (que serían los que sobran y que son cada vez más).

Suficiente, porque no tiene sentido hacer prestaciones y reconocer derechos que no se ajustan ni a los propios umbrales de pobreza y bienestar y que perpetúan a las personas en situación de pobreza en canales paralelos de supervivencia en los que ejercer derechos es un lujo al alcance de unos pocos.

Complementaria a los servicios públicos que conforman el Estado de Bienestar como una medida más y no sustitutiva de protección de la ciudadanía. Porque sin una red de servicios públicos suficientes y protectores no tendrá validez una medida como ésta, sino que podría generar mayor desigualdad.

Y universal. Para todo el mundo. Porque es la única vía de encontrar una medida que no nos diferencie sino que nos iguale. Y que además supone una redistribución clara de la riqueza de un país porque quien más tiene, paga más y todas salimos beneficiadas. La universalidad es la clave para que las personas seamos iguales y contemos con un colchón que nos proteja de los abusos de quiénes ofrecen “empleos de mierda” y de caer al abismo de la pobreza y la miseria. Pero, al mismo tiempo, sería una red para tejer ciudadanía y construir desde la equidad, adaptando a cada cual un punto de partida que frene el alejamiento de la desigualdad social y económica de nuestra ciudadanía.

En este sentido, la Renta Básica no sería una varita mágica que acabaría con los problemas, sino una base sólida, cierta y digna para que todas podamos construir en pie de igualdad. La Renta Básica no va a solucionar todos los problemas pero tampoco es la utopía que nos hacen querer ver. Es viable, es posible y sería una medida indispensable y urgente a adoptar. Porque no podemos seguir invisibilizando la precarización de las vidas y el colapso social con todas las dimensiones y consecuencias que tiene. Porque no se puede acallar a un porcentaje cada vez más amplio de la población y porque el valor de sostenimiento del empleo como mecanismo de protección de las sociedades está herido de gravedad, y es imposible que sea la solución única.

Redactado por Tinixara Guanche (texto original)

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