Resolución del Ararteko sobre el intento de suspender 6.262 RGI’s el pasado Diciembre

La oficina del Ararteko ya ha hecho pública la resolución en torno a las suspensiones del pasado diciembre. Puedes leer esta Resolución íntegramente en castellano pinchando aquí:

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2232_3.pdf

Aldiz, ebazpena euskaraz irakurri nahi baduzu sakatu hemen:

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2232_1.pdf

VALORACIÓN Y COMENTARIOS

Desde Argilan valoramos muy positivamente los contenidos de esta Resolución, y sobre todo las consideraciones y conclusiones que realiza la oficina del Ararteko, que prácticamente podríamos decir que coinciden punto por punto con todo lo que hemos venido planteando desde el mismo día 15 de diciembre, cuando se hizo pública la intención de suspender la R.G.I. a 6.262 unidades de convivencia. En concreto, el Ararteko hace hincapié en lo siguiente:

  • Antes de proceder a ninguna suspensión, deberían habérselo comunicado a los Servicios Sociales de Base, cosa que no hicieron.
  • El no permanecer inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo es causa de suspensión “cuando sea de aplicación, pero no en todos los casos”
  • La carta en la que se nos informa sobre el inicio del procedimiento de suspensión deberá explicar que tenemos 10 días para presentar alegaciones, cuáles son las consecuencias económicas de la suspensión (es decir, cuántos meses duraría la suspensión), quién y en cuánto tiempo tiene para resolver (la Diputación Foral, y en un plazo máximo de 2 meses desde que se inicia el procedimiento). Como ya hemos dicho otras veces, actualmente nada de esto aparece en las cartas que está enviando la Diputación de Bizkaia.
  • La resolución deberá ser motivada. Es decir, si se presentan alegaciones, no podrían respondernos con la misma carta que envían a todo el mundo, sino que deberían explicar por qué se desestiman nuestras alegaciones (las tienen que leer, vaya).
  • La suspensión será por un mes la primera vez, y tres meses la siguiente, y sus efectos comenzarán el primer día del mes siguiente a la suspensión (es decir, que si la Orden Foral llevara fecha de mayo, el mes que no cobraríamos será junio)
  • Si durante el tiempo en que recibimos la carta y la Diputación toma la última decisión (por ejemplo, durante los diez días del plazo para presentar alegaciones) acudimos a inscribirnos al INEM-Lanbide, se entiende que no podrían seguir adelante con la suspensión [“La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión” (art. 47 del Decreto]
  • La obligación de permanecer inscritas no afectaría a quienes venían cobrando la Renta Básica desde antes de la publicación del nuevo decreto (17 de junio de 2010) y todavía no hubieran recibido la carta en la que se informa que esa Renta Básica quedaba extinguida y ahora cobrarán la RGI. [De todas formas, a partir de junio de 2011 ya no debe quedar ninguna Renta Básica, pues ese era el plazo dado a todo el mundo para renovar su prestación)

Aparte de esto, el Ararteko añade una serie de consideraciones que compartimos plenamente sobre el respeto debido a las personas titulares de un derecho subjetivo como la R.G.I., y por su condición no sólo de ciudadanos/as sino de usuarios/as de los Servicios Sociales, por lo que además de obligaciones (como constantemente se encarga de recordarnos Gemma Zabaleta) son titulares de garantías y derechos, como cualquier otro ciudadano/a.

En resumen, de las consideraciones y conclusiones de esta Resolución queda más claro aun si cabe lo que venimos diciendo desde un principio, y es que estos intentos de suspensión de la R.G.I. por parte de la Diputación Foral a instancias del Gobierno Vasco y la señora Gemma Zabaleta serían CLARAMENTE ILEGALES e incurrirían en una clara vulneración de sus propias leyes y decretos, en especial de la Ley 18/2008 y el Decreto 147/2010 que regulan la Renta de Garantía de Ingresos.

Pero seguramente la parte más llamativa, chocante e “interesante” de esta Resolución sea la descripción sobre las respuestas y explicaciones que tanto el Gobierno Vasco como las diputaciones forales dieron al Ararteko sobre estas suspensiones. Primero, porque son una muestra evidente de hasta dónde llega la caradura y desvergüenza de nuestra “clase política”, sobre todo en el caso del departamento del Gobierno Vasco que dirige la señora “Geta” Zabaleta, que en todo un alarde de hipocresía tiene la desfachatez de decir al Ararteko:

  • que en ningún caso se haya propuesto a ninguna institución implicada en la gestión de la RGI lleve a cabo medidas que no cumplieran escrupulosamente con el procedimiento administrativo común y el recogido específicamente para la prestación antedicha en la propia Ley 18/2008, de 23 de diciembre y en su normativa reglamentaria de desarrollo, Decreto 147/2010”.
  • que en el acuerdo previo entre las instituciones para el cruce de datos se indicó la necesidad de un especial cuidado en la comprobación para evitar suspensiones indebidas”.
  • que se ha pedido a las diputaciones forales, que son las administraciones competentes en resolver el procedimiento de suspensión, “que cumplan escrupulosamente el procedimiento administrativo, en especial, ante las informaciones aparecidas en prensa, que el efecto económico de la suspensión de derecho debe tener lugar en el mes siguiente a la resolución por la que se decrete la suspensión”.

Sobran los comentarios [hay docenas de artículos prensa y entrevistas en los que la señora Zabaleta alardea precisamente de lo contrario, de haber sido quien impulsó esa medida y que su objetivo era no pagar esas 6.262 RGIs en diciembre (con lo que ya tenían incluso cuantificado el “ahorro” en 4’3 millones de euros, aunque finalmente tuvo que echarse para atrás gracias fundamentalmente a la respuesta organizada de los y las afectadas, que pusieron en evidencia que esa suspensión, además de ilegal, había incluido a miles de personas que no habían cometido ningún tipo de incumplimiento; veánse como ejemplo esta entrevista en el Diario Vasco del 20/12/2010, o El País de 15/12/2010]

Por su parte y por último, las diputaciones también se lavan las manos al más puro estilo Pilatos (hay que recordar de momento y hasta que no cambie el modelo, quienes conceden, suspenden o retiran la R.G.I. son las diputaciones forales, aunque es cierto que en este caso la iniciativa fuese de Gemma Zabaleta) y además de señalar con el dedo y atribuir toda la responsabilidad al Gobierno Vasco, nos aclaran cuáles fueron las decisiones adoptadas en la famosa reunión del 29 de diciembre en la que todas las instituciones implicadas fijaron de común acuerdo cuál sería el procedimiento a seguir a partir de ahora (colectivos excluidos de la obligación de inscribirse como demandantes de empleo, plazos, trámite de audiencia, etc). Pues bien, la propia Diputación de Bizkaia (gobernada en este caso por el PNV) se sitúa a la misma altura en cuanto a hipocresía y desvergüenza que el propio Gobierno Vasco, al afirmar que “se oponía a la pretensión de suspender la RGI en la nómina del mes de diciembre a los perceptores ante la imposibilidad real de poder ejecutar la suspensión mediante la aplicación del preceptivo procedimiento previsto en el Decreto 147/2010” [ya; y entonces, ¿por qué enviaron las 4.676 cartas anunciando la suspensión?, si sabían que aquella medida era ilegal, y por supuesto que lo sabían, lo que debían haber hecho es negarse, como hicieron las diputaciones de Araba y Gipuzkoa]. Y hay que recordar que este pasado mes de febrero han vuelto a enviar alrededor de 700 cartas similares, en las que si bien ahora sí que advierten a las personas afectadas que disponen de 10 días para presentar alegaciones, una vez más incumplen varios aspectos del procedimiento administrativo tan elementales como informar quién debe resolver, en qué plazo, y qué consecuencias económicas podría traer consigo la hipotética suspensión.

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