Empresas de Inserción y empleabilidad

[Artículo de Iñaki Uribarri publicado en la revista]

Desde que Gemma Zabaleta, Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, iniciara su cruzada ideológica y política a favor de la empleabilidad al calor de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social (diciembre 2008), en ESK hemos mantenido una discrepancia radical con esta orientación institucional. No porque estemos en contra de que el Gobierno Vasco se preocupe de buscar empleo a la gente que carece de él o de generar condiciones favorables que hagan posible encontrarlo, sino por dos razones bien distintas. Primera, porque el discurso de la empleabilidad que se está haciendo coloca la carga de la prueba y toda la responsabilidad en la gente que no tiene empleo. Lo cual, en una coyuntura de crisis económica tan profunda como la que estamos viviendo, que ya va para 3 años, es una mentira, además de una injusticia. Segunda, porque dicho discurso, cuando se dirige contra las personas perceptoras de las ayudas sociales (Renta de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de Emergencia Social), está pensado para deslegitimar este tipo de prestaciones, abonando así el terreno para futuros recortes, y para justificar la exclusión del sistema de ayudas sociales a personas que no consigan emplearse en determinados plazos, dejándoles al albur de los servicios sociales de turno.

A finales de 2009, a través de una Orden de 25 de noviembre de ese año, Gemma Zabaleta daba un paso al frente y mostraba un camino concreto de lo que consideraba una plasmación de su filosofía de la empleabilidad. Su Departamento ponía encima de la mesa 63 millones de euros destinados a financiar a entidades locales, a empresas de ellas dependientes y a empresas de inserción sin ánimo de lucro, que contrataran personas desempleadas sin prestación ni subsidio y personas perceptoras de la RGI (como mínimo un 30%). La subvención era espectacular: 1.500 € mensuales para salarios y Seguridad Social durante 6 meses que debían durar los contratos. Con 63 millones de euros se financiarían 7.000 contratos de 6 meses.

El “Plan 09”, como se ha llamado a este programa, tenía una duración de 12 meses. Las subvenciones han concluido el pasado mes de noviembre, pero aún quedan contratos activos. La valoración realizada por la Sra. Zabaleta es de éxito pleno. Objetivo cumplido, porque se han creado 7.000 empleos, una gran parte de ellos destinados a personas perceptoras de la RGI. Del balance no ha trascendido, o por lo menos yo no he pillado esa información, cuántos de esos empleos siguen existiendo después de los 6 meses o para qué les ha servido esta experiencia formativa y laboral a las personas que la han llevado a cabo.

Hasta que ha caído en la asesoría de ESK de Gasteiz el caso que a continuación voy a relatar, mi opinión era que el Plan 09 suponía una operación de imagen de la Consejera Zabaleta que, como mucho, le serviría para rebajar durante unos meses un poquito las cifras del desempleo y que, en cualquier caso, era un plan carísimo para los resultados que iba a cosechar.

En enero llegó a la asesoría de nuestro sindicato en Gasteiz una mujer no afiliada de 61 años. A ésta le siguió, poco tiempo después, otra compañera de 40 años. Ambas venían a denunciar el trato recibido por la empresa de inserción que las había contratado el 15 de noviembre en el marco de las subvenciones del Plan 09. La empresa en cuestión se llama Asociación Solidaria de Ayuda (ASA) y ha nacido en el seno de BERAKAB, una ONG perteneciente a las parroquias del Casco Viejo de Gasteiz.

Los hechos que denunciaban estas mujeres eran gravísimos, teniendo en cuenta que el Gobierno Vasco le había aprobado a ASA 9 programas de contratación de personas (unas 40) por 6 meses con la subvención correspondiente y que cada uno de estos programas implicaba tareas de formación y práctica en determinados oficios. Esto es lo que pasó:

  • Los dos primeros meses de su contratación no les fueron retribuidos a su vencimiento.
  • En los contratos no figuran los convenios colectivos de referencia y se les pagó por debajo de dichos convenios.
  • Durante 2 meses, 17 de las personas contratadas han sido recluidas durante la jornada de trabajo en una lonja que la Asociación tiene en la calle Florida de Gasteiz y que se está restaurando como sede. En ese tiempo, esta lonja no ha contado con luz ni calefacción, ni teléfono. La labor de estas personas ha sido exclusivamente adecentar la lonja.
  • 14 mujeres contratadas se han mantenido igualmente en otra lonja, habilitada como ludoteca, en la calle Pío XII, de Gasteiz, sin hacer nada, día tras día, porque en esta ludoteca no había niños a los que atender, lo que debía haber sido su tarea.
  • Los enfrentamientos de estas dos mujeres con el responsable de ASA han sido constantes. Ello les ha llevado a interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo (que, como nos tiene acostumbrados este organismo ha pasado olímpicamente de las mismas), ante EGAILAN (organismo del Departamento de Empleo encargado de gestionar las subvenciones del Plan 09), a caer en situación de baja y, finalmente, a ser despedidas por no superar el periodo de prueba. Despido ostentosamente ilegal al haberse producido después de dos meses de la contratación.

ESK no está especialmente interesado en dar un escarmiento a la Asociación Solidaria de Ayuda; no queremos que sea el chivo expiatorio de esta historia. Lo que nos motiva, además de defender los derechos de las dos mujeres que han acudido a nuestra asesoría, es desenmascarar la política de empleabilidad a cualquier precio de Gemma Zabaleta. Es inconcebible que se aprueben 9 programas de contratación como los de ASA sin informarse lo más mínimo sobre la nula capacidad de esta Asociación para llevarlos a cabo. Igual que lo es que, pasados los meses, mediando denuncias ante Inspección de Trabajo y ante EGAILAN, no se haga nada.

Somos conscientes que presentar un caso no permite implementar una denuncia generalizada del comportamiento de la Administración, pero la ingenuidad tampoco es buena en estos casos. Sabemos las enormes dificultades que existen para que colectivos de personas como los que son empleados en este tipo de programas se atrevan a denunciar a quienes les emplean. Ojala que este fregado en el que nos hemos metido y que vamos a llevar adelante hasta donde sea necesario, termine generando un efecto bola de nieve, capaz de sacar a la luz otros casos similares existentes en el conjunto de la CAPV.

Iñaki Uribarri

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