NOTA DE PRENSA: La Diputación Foral de Bizkaia reincide en la vulneración del procedimiento legal y suspende la RGI a cerca de 700 familias

Tal y como ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando a punto estuvo de suspenderse la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 6.262 unidades de convivencia tras un cruce de datos informático entre los listados de personas perceptoras y el de quienes figuraban inscritas en el INEM plagado de irregularidades y errores, la Diputación Foral de Bizkaia ha procedido ha enviar una nueva Orden Foral de suspensión de la RGI a cerca de 700 unidades de convivencia vizcaínas, pese a tratarse una vez más de una medida manifiestamente ilegal —pues vulnera claramente el procedimiento legal establecido para esos casos y reconocido por las propias Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco durante la reunión que mantuvieron el día 29 de diciembre de 2010—, y adoptada a raíz de un segundo cruce de datos efectuado el día 30 de diciembre, cuando las bases de datos tanto del INEM-Lanbide como de la propia Diputación distaban mucho aún de estar plenamente actualizadas y corregidas. Más en concreto:

  • Las propias Diputaciones Forales admitieron a la oficina del Ararteko (como se recoge en su Resolución del 23 de febrero: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2232_3.pdf) que previo a cualquier decisión de suspender la RGI sus titulares tienen derecho a disponer de un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Pues bien, en esta ocasión es cierto que la Diputación Foral de Bizkaia envió a principios de febrero a las unidades de convivencia afectadas una carta en la que, además de informarles del inicio del procedimiento de suspensión, se les indicaba que disponían de 10 días para presentar alegaciones; pero no lo es menos que, tal y como ya denunciamos el pasado día 10 de febrero, al mismo tiempo giraron una comunicación interna a los Servicios Sociales de Base en la que hacía patente su intención de proceder a la suspensión en cualquier caso 35 días después del envío de esas cartas, independientemente de que se presentaran o no alegaciones y del contenido o sentido de estas. Tal es así, que las Ordenes Forales de suspensión enviadas esta semana son iguales y semejantes para todas las UCs afectadas, sin que en ningún caso se haga ni siquiera mención —ni mucho menos se dé respuesta— a las alegaciones presentadas, vulnerando  así flagrantemente todos los preceptos legales al respecto [art. 53.2 del Decreto 147/2010, de la RGI; arts. 35.e, 54.1.a, 55.2 y 89.1 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC].
  • La propia Diputación Foral reconoció en su día (Resolución del Ararteko del 23 de febrero) que los datos que posteriormente han servido de base a este proceso de suspensiones masivas no estaban actualizados —el retraso acumulado en la actualización de los expedientes está en Bizkaia en torno a los 5 meses, tal y como la propia Diputación Foral ha admitido públicamente— y adolecía de numerosas carencias. A todo esto habría que sumar las noticias aparecidas estos días en torno a Lanbide y que no hacen sino reflejar la situación de auténtico caos que se vive en dicha institución, hasta el punto de llevarle a pedir a quienes debían renovar su inscripción en las últimas semanas que se abstengan de acudir a las oficinas, puesto que la renovación se realizará temporalmente “de manera automática” o mediante una simple llamada de teléfono. Por no hablar del presunto “descubrimiento” de esas 7.500 personas que figuraban correctamente inscritas como demandantes de empleo en Langai pero cuyos datos no aparecían en las listas del INEM.

    Ante estos hechos, desde Argilan exigimos a la Diputación Foral de Bizkaia no sólo la rectificación y anulación de todas las Ordenes Forales de suspensión emitidas, sino la paralización inmediata de todos los procedimientos de suspensión de la RGI y PCV que se pudieran haberse iniciado como consecuencia de otros cruces de datos posteriores, en tanto en cuanto no se pueda garantizar con toda seguridad que los ficheros de Lanbide y los expedientes que obran en poder de la Diputación Foral estén correctamente actualizados y revisados.

    Todo esto reviste particularmente de mayor gravedad cuando tiene lugar precisamente en la misma semana en la que se ha hecho público el informe del Ararteko correspondiente al año 2010, y en el cual se hace un especial hincapié en torno al alarmante aumento de las quejas de los ciudadanos y ciudadanas en torno a la gestión de las prestaciones sociales, y en concreto a los procedimientos de suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Viviena, lo cual le lleva a exigir —como ya hiciera en la mencionada Resolución de 23 de febrero— a todas las instituciones implicadas actuar con la mayor diligencia y respeto hacia los colectivos implicados, en atención a su situación de máxima vulnerabilidad y de ser las principales víctimas de una situación económica y social de la cual esas mismas instituciones son, en gran medida, responsables y generadoras.

    Por último, hacemos un llamamiento a las personas directamente afectadas por este nuevo atropello a los derechos sociales a que acudan a la Asamblea Abierta que se celebrará el próximo lunes 4 de Abril a las 19:00 h. en la Ekoetxea (c/Pelota 5, Bilbao) para dar una respuesta colectiva y organizada ante estos recortes.

    Argilan, 31 de marzo de 2011

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