Las nuevas «políticas de pobres» de Gemma Zabaleta

[Artículo de Iñaki Carro publicado en el nº 222 de la revista hika, marzo/abril de 2011]

El pasado mes de febrero, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, planteó en una comparecencia parlamentaria que «la Renta de Garantía de Ingresos no tendrá suficiente financiación si no la gestiona Lanbide». Tal observación responde a la doble paradoja de que, por una parte, la actual coyuntura económica haya disparado el número de solicitudes de las prestaciones sociales precisamente en un momento en el que priman las políticas de reducción del déficit y recorte del gasto público para calmar a los mercados; y por otra, y particularmente creo que por ahí van las palabras de la consejera, a su preocupación por hacer compatible la filosofía de fondo del propio modelo —un sistema de rentas mínimas concebido como «política de pobres» y dirigido básicamente a mantener en unos niveles tolerables las tasas de pobreza absoluta y de marginalidad social (criminalidad, mendicidad, etc)— con el hecho de que hoy en día el grueso de las personas perceptoras provengan de entornos sociales más o menos “normalizados”.

De ahí la advertencia de la señora Zabaleta a los perceptores de que “la red de protección social de la que disfrutan sólo es viable si funciona como un sistema de entrada, pero sobre todo de salida”, y de ahí también la doble vía que se pretende usar para la expulsión del máximo número de perceptores/as del sistema: las reformas legislativas —aprobación de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social y del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de Ingresos, en diciembre de 2008 y junio de 2010, respectivamente, junto con algunas normas de inferior rango—, pero sobre todo el recrudecimiento de los malos modos y las arbitrariedades que presiden desde hace años la gestión de estas prestaciones por parte de las instituciones implicadas —ayuntamientos, Gobierno Vasco y diputaciones forales—. Un tema al que apenas se ha dedicado nunca una reflexión mínimamente seria, pese a ser el pan de cada día para miles de ciudadanos y ciudadanas de la CAPV. Sirvan estas líneas en las páginas de hika para introducir el debate.

El trato vejatorio como elemento disuasorio

Puede que emplear términos como vejatorio o denigrante parezca un tanto exagerado, pero no creo que haya otra forma de describir el trato que reciben, tanto de modo individual como colectivo, aquellas personas que se ven obligadas cada vez en mayor número a recurrir a estas prestaciones sociales.

Colectivamente, por la más que evidente campaña orquestada desde ciertos medios de comunicación,  estigmatizando y criminalizando a las personas perceptoras y presentándolas constantemente ante el resto de sus conciudadanos/as como vagas y defraudadoras —o al menos sospechosas de serlo—, y en cualquier caso culpables de su situación por no haberse esforzado lo suficiente en la formación y la búsqueda de empleo. Y todo ello con el objetivo de crear un estado de opinión que: a) facilite los recortes y b) disuada o desanime a pedir estas prestaciones.

Habría que plantearse aquí hasta qué punto la propia izquierda y el movimiento sindical no habrá contribuido, directamente o indirectamente, a alimentar esta percepción social y ciertos estereotipos que en absoluto tienen que ver con la realidad —de las 55.020 personas o familias en la CAPV que reciben en la CAPV la RGI, un tercio están encabezadas por pensionistas y otro tercio por personas con empleo pero salarios muy bajos—, por ejemplo mediante el uso de expresiones como exclusión social como categoría que englobaría a todo el colectivo de perceptores/as, o de algunos términos —picaresca, parasitismo, etc— que en absoluto aplicamos a otro tipo de situaciones más o menos fraudulentas en las ayudas dirigidas a las clases medias —desgravaciones fiscales, VPO, etc—.

Pero aun con todo, seguramente la principal criba se realiza a través del trato a nivel individual. Primero, porque para acceder a estas prestaciones ha de superarse una entrevista que sólo cabe calificar de auténtico elemento disuasorio. A lo largo de todos estos años he conocido todo tipo de situaciones: comentarios descalificadores o sobre aspectos de la vida privada que nada tienen que ver con la situación económica de la persona entrevistada, o dirigidos a hacerle sentir responsable de su propia situación; preguntas comprometedoras para sí misma o para otras personas; acusaciones solapadas, amenazas, burlas… que sin duda generarían la indignación y el enfado entre los usuarios de cualquier otro tipo de servicio público.

Y a todo ello habría que añadir las continuas arbitrariedades que se dan en la gestión de la prestación por parte de los ayuntamientos y diputaciones forales, donde el incumplimiento de las normas procedimentales —plazos para la concesión y demás— no son la excepción sino la norma, y donde se recurre abusiva, reiterada y casi siempre injustificadamente a la suspensión cautelar de la prestación. Y, huelga decirlo, actuando siempre desde la más absoluta de las impunidades y sin que nadie haya ofrecido nunca disculpas o explicaciones ante los continuos errores. La situación se agrava aún más en Bizkaia, con una Diputación Foral totalmente desbordada por el aumento de las solicitudes de RGI y que recurre a cualquier tipo de excusa o argumento para proceder a la suspensión, hasta el punto de permitirnos afirmar que las suspensiones son algo ya rutinario y generalizado, convirtiendo el sistema de la RGI en cualquier cosa menos en una vía para garantizar unos ingresos mínimos.

Sea como fuere, el resultado de todo ello es que, hoy, miles de personas o familias que reunen todos los requisitos para percibir estas prestaciones las tienen suspendidas o denegadas, mientras que otras tantas han renunciado siquiera a solicitarlas pese a estar atravesando por una mala situación económica, debido a los prejuicios y estigmas que existen sobre ellas.

La retirada de prestaciones como reclamo electoral

En medio de este contexto, el pasado 15 de diciembre se conoció la intención de suspender la RGI a 6.262 unidades de convivencia vascas debido a que, tras realizar “un cruce de datos informático”, se había comprobado que esas personas no se encontraban inscritas en el INEM. Esa medida tuvo especial repercusión en Bizkaia, pues allí la Diputación Foral llegó a enviar dos cartas —el aviso de la suspensión, y la Orden Foral de suspensión en sí— a cada una de las 4.676 unidades de convivencia afectadas.

Dichas Ordenes Forales estaban, como tantas otras veces, plagadas de irregularidades y vulneraciones del procedimiento. Afortunamente, en esta ocasión logramos paralizarla gracias sobre todo a la conjunción de tres factores:

1) fue la propia Gemma Zabaleta quien anunció la decisión, atribuyéndosela —confiando sin duda en obtener réditos electorales al aparecer como paladina de la lucha contra el fraude— y denotando que se trataba de una decisión política que podía por tanto ser revocada por otra decisión posterior;

2) la rápida reacción de un grupo minoritario pero al menos suficiente de personas afectadas, que estuvo dispuesto a salir a la calle cuantas veces fuera necesario hasta ver reconocidos sus derechos;

3) la existencia de un trabajo previo de plataformas como Argilan y el sindicato ESK, que permitió hacer ver a la opinión pública no sólo que se había vulnerado el procedimiento legal establecido, sino sobre todo que la información se gestiona en algunas diputaciones —Bizkaia— y había sido recabada —mediante un mero cruce de datos— de forma totalmente chapucera, sin contrastarla con los servicios sociales que hacen seguimiento de cada caso, y que como consecuencia de ello se estuvo a punto de suspender la RGI a miles de personas que no tenían la obligación o, lo que es más grave, de hecho estaban inscritas en el INEM.

Tras unos días de intensas movilizaciones, asambleas, reuniones con las instituciones, comunicados de prensa y demás, el día 21 de diciembre la señora Gemma Zabaleta retira la amenaza de suspensión, y el mismo día 22 de diciembre y en un tiempo record, la diputación de Bizkaia incluyó en la nómina de diciembre los 4.676 expedientes hasta entonces suspendidos.

Semanas más tarde, la oficina del Ararteko emitió una Resolución —que se reproduce parcialmente en estas páginas— en la que prácticamente se recogen punto por punto los argumentos en torno a la ilegalidad de las suspensiones que Argilan planteó desde un principio, y lo que nos parece aún más relevante, se hace un especial incapié en el trato que las personas perceptoras deberían recibir por parte de las instituciones. Esto ha obligado, al menos en parte, a cuidar algo más las formas en las suspensiones. Pero, por desgracia, no ha hecho que estas disminuyan.

La «empleabilidad» como coartada

Sin duda, el elemento más novedoso en toda esta campaña de retirada de prestaciones es el de la empleabilidad. En realidad, Gemma Zabaleta siempre ha defendido la vía del empleo como puerta de salida del sistema de protección para todas aquellas personas que llevan “demasiados años apalancadas” en el mismo.

Y si su llegada a la consejería hubiera tenido lugar hace, digamos, cuatro o cinco años, los términos en los que nos plantearíamos ahora el debate seguramente tendrían más que ver con la obligatoriedad en la aceptación de los empleos, con las condiciones laborales, etc; pero en pleno 2011, cuando la CAPV sigue perdiendo empleo neto —y no se prevé recuperarlo hasta el 2012—, es evidente que esto de la empleabilidad va de todo menos de empleo: se trata más bien, a través de entrevistas, entrevistas y más entrevistas —junto con algún que otro cursillo, y unos 4.000 empleos subvencionados de 6 meses en empresas de inserción, sin posibilidad alguna de renovación, en sectores sin ningún tipo de viabilidad de cara al futuro, y normalmente sin ir vinculados a ningún tipo de formación o especialización—, de dar una vuelta de tuerca más en los mecanismos de presión y control a los que me refería hace tan sólo unas líneas.

A medida que vamos recibiendo más testimonios sobre esas supuestas entrevistas de trabajo —que pueden dar lugar a la suspensión de la prestación por mostrar una “actitud negativa hacia el empleo” o “no creer en la gestión”— o sesiones de orientación laboral que la propia orientadora admite servir únicamente “para que os acostumbréis a madrugar”, la palabra que se nos ocurre para definir todo esto es la de mobbing. La empleabilidad no es sino una dosis más en esa receta a base de culpabilización, criminalización y humillación que se impone a las personas perceptoras; y lo que pretende es su salida del sistema, sí, pero no por la vía del empleo, como pretende la señora Zabaleta, sino por las del desestimiento, la renuncia, la vergüenza, la impotencia…

La organización de las personas perceptoras

Ante este panorama, y una vez superado el primer embate serio y masivo a un derecho teóricamente consolidado, la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales que ha continuado reuniéndose desde diciembre, está ahora centrada en proporcionar a todas las personas perceptoras información acerca de sus derechos, preparar el acompañamiento a las entrevistas, vigilar de cerca a aquellas empresas de inserción dispuestas a colaborar con la señora Zabaleta en una suerte de política de “subvenciones a cambio de suspensiones”, y sobre todo desmontar todo ese discurso en torno a la empleabilidad del que tanto se llenan la boca los responsables de Lanbide. En este camino, sería importante la implicación del máximo posible de agentes sociales.

Y de ahí el llamamiento —una vez más— al conjunto de ciudadanía para que se cuestione de una vez por todas si el actual sistema de protección social no habrá tocado techo, siendo necesario avanzar hacia otro modelo de rentas garantizadas, uno que —esta vez sí— permita hacer realidad, sin excepciones ni excusas, y de manera universal, individual e incondicional, el derecho de todas las personas a una vida mínimamente digna.

Iñaki Carro es miembro de Argilan (Plataforma de ESK por los derechos sociales)

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