Una pequeña aclaración a José Luis Bilbao

A raíz de la presentación del informe de la oficina del Ararteko 2010, en el que entre otros muchos varapalos a las instituciones se indica la necesidad de agilizar la tramitación de las prestaciones sociales y respetar los procedimientos legales establecidos, el máximo responsable de la Diputación Foral de Bizkaia, José Luis Bilbao, eximió durante una reciente entrevista telefónica de toda responsabilidad a la institución foral y acusó al Gobierno Vasco de “desgobierno” y “desbarajuste”, poniendo como ejemplo la campaña de suspensiones de Renta de Garantía que se inició en diciembre con más de 6000 familias afectadas por dicha actuación ilegal.

La frase que borda sus declaraciones es que “TUVIMOS QUE CORREGIR ESO A ULTIMA HORA”.

Podemos llegar a entender que, en vísperas de unas elecciones y con la rivalidad evidente que existe entre unos y otros, trate de sacar tajada de la nefasta política que viene realizando en todos los aspectos el departamento de Gemma Zabaleta. Pero tras escuchar sus declaraciones, además de recomendarle que lea el Informe del Ararteko —cosa que evidentemente no ha hecho: las quejas contra el Gobierno Vasco por el tema de las prestaciones son mucho menores en número y en porcentaje que las recibidas por las diputaciones forales— debemos recordarle que es la Diputación la que tiene un retraso acumulado de 5 meses en la tramitación de expedientes; que errores del software han dejado a muchas familias sin cobrar regularmente las prestaciones a las que tienen derecho; que la entrega de documentación por parte de quienes cobran las prestaciones informando de cambios de residencia o de ingresos en una unidad de convivencia duermen en los cajones mientras automáticamente y sin miramientos por parte de quienes trabajan en el  Servicio contra las exclusión de la Diputación se les suspende la RGI por no haber presentado dicha documentación; que la celeridad para suspender contrasta clamorosamente con la lentitud para conceder; y así un sinfín de situaciones que sitúan al la Diputación Foral como máxima responsable de tales retrasos; pero, sobre todo, que sacar pecho diciendo que ante aquella campaña de suspensiones masivas fue la Diputación quien resolvió dicha injusticia sólo puede entenderse o desde el desconocimiento de los hechos o desde la más absoluta desvergüenza

Y es que fue la Diputación de Bizkaia quien envió las 4.676 Ordenes Forales de suspensión — Gipuzkoa y Araba no lo hicieron—, sin negarse ni oponerse con rotundidad ante una petición por parte de Gemma Zabaleta que admitían que era “incorrecta”, convirtiéndose así en colaboradores de tal despropósito hasta que la presión social obligó a la señora Zabaleta —pues fue ella quien decidió hacerlo, el día 21 a las 7 h. de la tarde— a dar marcha atrás y enviar una carta a las diputaciones diciéndoles que debían pagar el mes de diciembre.

Y lo que es peor: sin esa presión social la diputación habría mantenido las suspensiones contra esas 4.676 familias vizcaínas, y por lo que sus propios responsables nos transmitieron, mucho nos tememos que miles de ellas estarían todavía a día de hoy con su derecho a la prestación suspendido, como lo están las 661 familias que esta misma semana han recibido una nueva Orden Foral de suspensión claramente ilegal, pues ni tan siquiera se han atendido y respondido sus alegaciones.

Por si todo esto fuera poco, después de haber generado una enorme angustia  y ansiedad a miles de personas con el envío de dichas cartas, la Diputación que preside el señor José Luís Bilbao se ha negado a enviar una nueva carta pidiendo disculpas, o al menos aclarándoles que dicho procedimiento quedaba  anulado, dejando con la duda a miles de familias que no saben a ciencia cierta si al final y en algún momento será suspendido su derecho.

Todas las instituciones son responsables de defender y garantizar los derechos de la ciudadanía a las prestaciones sociales, situación que no se da ni en los planes del Gobierno Vasco, que recorta dichos derechos, ni en la “agilidad” de la tramitación que corresponde a las diputaciones, ni en los turbios métodos que algunos ayuntamientos emplean con las personas perceptoras y de los que en próximos días informaremos en este mismo blog.

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