Modelo de recurso de reposición contra denegación de la RGI a quien se traslada al domicilio de familiares en determinadas circunstancias

Tal y como está concebida por el actual modelo de rentas mínimas de inserción, “la Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica, (…) destinada a las personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos” (artículo 2.1 del Decreto 147/2010, de la RGI). Es decir, que el destinatario o destinataria de la prestación no es una persona a título individual, sino la unidad de convivencia, un concepto que ese mismo Decreto especifica un poco más adelante (art. 5.1) que incluiría a las siguientes personas o grupos de personas: a) Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento (…); b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela”. Esto significa, en principio, que si por cualquier motivo una persona que estuviera percibiendo la RGI por constituir una unidad de convivencia independiente —ya sea de un único miembro o junto con otra persona o personas: parejas, hijos/as, etc— tuviera que abandonar su anterior domicilio y trasladarse a vivir con otros familiares, pasaría automáticamente a formar parte de una nueva unidad de convivencia junto con esos familiares.

Sin embargo, a continuación (art. 5.2) el Decreto establece varios tipos de excepciones a ese principio general: “Aun cuando se integren en el domicilio de personas con las que mantengan alguno de los vínculos previstos en el apartado b) del párrafo 1 de este artículo, tendrán la consideración de unidad de convivencia las siguientes: a) Personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cónyuge o persona unida a ellas por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que dependan económicamente de ellas (…); b) Personas que habiendo sido víctimas de maltrato doméstico, hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren (…);c) Personas con menores de edad a su cargo o adultas que cuenten con una calificación de discapacidad igual o superior al 45% (…);d) Personas solas que se hayan visto forzadas a abandonar la vivienda en la que residían habitualmente a consecuencia de una separación, de un divorcio o de una disolución de la unión de hecho, o por alguna situación que sea considerada como extrema por parte del Servicio Social de Base referente. A efectos de lo anterior, se entenderá que podrán tener la consideración de situación extrema los supuestos de pérdida repentina de vivienda derivados de desahucio o de siniestro o los casos de imposibilidad manifiesta para hacer frente al pago de la vivienda siempre que dichas situaciones no resulten imputables a la persona solicitante”.

Todo esto cobra especial importancia en un momento como el actual, en el que la inestabilidad económica, la destrucción de empleo y la precariedad laboral hacen cada vez más difícil para miles de personas el poder hacer frente a unos alquileres o créditos hipotecarios tan elevados y abusivos como lo eran antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, son muchas las personas que se han visto obligadas a volver al domicilio de sus progenitores después de años de vida independiente, y que a falta de un empleo u otra cobertura social necesitan mantener o solicitar por primera vez su única fuente de ingresos, la RGI. En principio, los Ayuntamientos y las Diputaciones no están poniendo demasiadas trabas en cierto tipo de casos —por ejemplo, cuando esas personas tienen a menores a su cargo—, pero en cambio no ocurre lo mismo con otros que deberían de ser igual de claros y fácilmente comprobables —personas que tras un proceso de separación o divorcio, o un desahucio por vía judicial, deben abandonar su anterior domicilio— y mucho menos con aquellos que se podrían encuadrar en esa categoría tan difusa de “imposibilidad manifiesta para hacer frente al pago de la vivienda siempre que dichas situaciones no resulten imputables a la persona solicitante”. Aquí el criterio que están adoptando las instituciones es variable y con frecuencia muy arbitrario. Por poner un ejemplo bastante común, estaría el de aquellas personas que han perdido sus empleos tras llevar varios años trabajando y que deben abandonar su vivienda por no poder seguir asumiendo el pago de la hipoteca o el alquiler, una “situación no imputable a la persona solicitante” que sin embargo la Diputación no suele admitir como válida a no ser que ese abandono se haya hecho en último extremo por desahucio en vía judicial.

En definitiva, quienes se encuentren en cualquiera de los supuestos comentados tienen perfecto derecho a percibir la RGI, al menos durante los 12 primeros meses —prorrogables por otros 12 más— de su nueva residencia en el domicilio de otros familiares, por lo que, en caso de que en un primero momento la Diputación Foral les deniegue la solicitud, como a menudo está ocurriendo, deberían interponer un recurso contra esa Orden Foral de denegación de la prestación. Aquí podéis encontrar un modelo de ese tipo de recursos, que como hemos comentado en otras ocasiones habría que presentar por duplicado para quedarnos con un copia sellada, y si además esa denegación fuera total y claramente injustificada, aconsejaríamos también presentar una queja ante el Ararteko, para que quede constancia del continuo incumplimiento de la ley que está cometiendo continuamente la Diputación en este tipo de casos.

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