Gemma Zabaleta vuelve a mentir respecto a los datos de Lanbide, esta vez en el propio Parlamento

El pasado viernes compareció en el Parlamento de Gasteiz la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, para dar cuenta de los problemas habidos durante la fusión de las bases de datos de los antiguos Langai-Lanbide y el SPEE-INEM, para dar lugar a una única base de datos gestionada por el actual Lanbide-Servicio Vasco de Empleo [se puede consultar aquí la transcripción completa de la comparecencia parlamentaria, entre las páginas 122 y 128]. Lo más significativo de sus declaraciones es que la señora consejera se empeña en “negar que con carácter general se produzca ningún problema en el volcado de datos de Lanbide”, afirmando que “con antelación al 14 de marzo se han remitido a todas las personas que pasaban a formar parte del Registro Oficial, cartas personales informándoles de algunos aspectos, como era (…) la información contenida en su currículum, precisamente para actualizarla” —cuando en realidad esas 150.000 cartas con el DARDE se enviaron el 30 de mayo, como le recordó en la comparecencia la representante del PNV y admite su propio Departamento mediante nota de prensa en su web, y esa es la primera noticia que miles de personas han tenido respecto a la “desaparición” de sus currículos de sus demandas de empleo—; que “ni se han perdido currículums, cosa radicalmente falsa si ha sido publicada, radicalmente falsa. Ni se ha perdido ningún currículum (…)” —efectivamente, eso es cierto, no se han “perdido”, simplemente se han quedado en la vieja base de datos y no aparecen en la que actualmente Lanbide utiliza para gestionar las ofertas de empleo, por lo que a efectos prácticos es como si no existieran—; que “se ha procedido a una materialización normal, razonable, y además ajustada y bien hecha de la convergencia extraordinariamente compleja de dos sistemas. Sin prácticamente grandes desajustes, cosa que podría haber sido normal, porque efectivamente, le vuelvo a insistir, es una situación compleja” —lo único cierto de esto es que la convergencia de las dos bases de datos era compleja, pues había que hacerla uno a uno y “a mano”; pero no se ha hecho así, ni de manera normal y razonable—; que “lo que tenemos tras esa convergencia es toda una base de datos de demandantes que se encuentran en un estado de igualdad ante el servicio para su intermediación o para acceder al resto de las políticas activas” —eso no es cierto, señora Zabaleta: hasta que esas 60.000 acudan una a una a Lanbide a actualizar sus currículos, como ella misma ha sugerido, no recibirán de esa institución ninguna oferta de empleo adecuada a su formación y/o experiencia laboral previa—; que han “llevado a cabo toda esta integración, primero, en un tiempo récord, segundo, con claridad absoluta, porque nosotros podíamos no haber ni enviado una carta a nadie”, cuando tal y como le insistió la representante del PNV esas cartas se estaban recibiendo a finales de mayo, en lugar de haberlo hecho hace 9 meses, desde que se acordó la transferencia y se por tanto se supo que tarde o temprano habría que fusionar ambas bases de datos; y, en fin, se limita a concluir que “todo el mundo puede quejarse, solicitar por varias vías, además, quejas y la defensa de usuario, que usuarios son del servicio de empleo”. En resumen, negar la mayor, y en todo caso decir a las personas afectadas que, si lo desean, siempre puede formular una queja.

Lo de la señora consejera de Empleo y Asuntos Sociales no tiene nombre. Vale que la ciudadanía nos hayamos acostumbrado a que la clase política recurra un día sí y otro también a la mentira —o a “no contar toda la verdad”, si se prefiere—, pero en este caso ella no sólo podría haberse ahorrado perfectamente el tener que hacerlo (porque nadie le habría podido hacer responsable de las dificultades reales que presenta el volcar 60.000 currículos y vidas laborales de una a otra base de datos), sino que el único modo de que ese volcado de datos no supusiera un problema aún mayor y de consecuencias tan graves para las personas en desempleo, era el haber actuado desde el primer momento con total sinceridad y transparencia. Simplemente, con que los responsables de Lanbide hubieran explicado en el mes de marzo que la única manera de incorporar los datos —titulaciones, certificados de estudios, experiencias laborales previas, etc— de las 60.000 personas usuarias del anterior Langai-Lanbide era hacerlo “a mano” y uno a uno, podrían haberse propuesto y analizado entre todos los agentes políticos y sociales distintas alternativas para hacer que ese problema real y en nada achacable a su Departamento, fuera solucionado de la manera menos traumática y más rápida posible. Por ejemplo, ampliando temporalmente la plantilla de Lanbide para realizar esa labor, o dando un plazo prudencial de tiempo a esas 60.000 personas para que acudieran una a una a Lanbide a incorporar de nuevo esos datos —lo cual, teniendo en cuenta que cada persona está tardando una o dos horas en hacerlo, llevará seguramente varios meses—, estableciendo mientras tanto una moratoria o periodo de transición durante el cual Lanbide publicitara sus ofertas de empleo en los tablones de anuncios y su web en lugar de hacerlo de manera personalizada, para no generar los agravios comparativos que estamos viviendo estos días entre quienes estaban inscritos/as en el SPEE-INEM y quienes lo estaban en Langai-Lanbide; y por supuesto, no realizando mientras tanto cruces de datos basados en esas bases incompletas y sin actualizar, para evitar amenazas de suspensión de la RGI como la que cientos de personas recibieron el pasado mes de abril y que les obligó a peregrinar de Nicolás Alkorta a Lanbide, y vuelta a Nicolás Alkorta con la carta en la que Lanbide admitía que todo se había debido a un “error” en su gestión de los datos.

Pero no. La consejera no quiso admitir en marzo la existencia de ese problema —del cual, insistimos, nadie le podría haber hecho entonces responsable—, y lo que es más grave, a fecha 10 de junio todavía sigue negándolo, incluso en el propio Parlamento vasco, con lo que, ahora sí, el problema es mucho más grave de lo que en un primer momento debería haber sido, con lo cual la consejera demuestra no sólo que carece de cualquier credibilidad —si es capaz de mentir respecto de algo tan evidente, pues 60.000 personas pueden dar testimonio de ello, ¿qué no será capaz de hacer respecto de otros “errores” que sí que han sido debidos a la actuación de su Departamento?—, sino su absoluta incapacidad para situarse al frente de la gestión de unas políticas tan fundamentales y de tanta repercusión para el bienestar de miles de personas como son las políticas activas de empleo y las prestaciones sociales.

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