Comentarios sobre la reciente comparecencia en comisión de Gemma Zabaleta y el director de Lanbide

El pasado viernes 17 de junio Gemma Zabaleta compareció ante la comisión de Políticas Sociales del parlamento vasco para hacer frente, en principio, a dos interpelaciones: una por parte de Mikel Arana (IU-EB) respecto a los instrumentos con que cuenta el Gobierno Vasco para “garantizar la suficiencia presupuestaria de las ayudas de inclusión social”; y otra pregunta formulada por el grupo parlamentario de Aralar respecto a cuáles eran “las previsiones y trabajos previos” realizados por Lanbide de cara a su fusión con el SPEE-INEM, en vista de los numerosos “problemas de funcionamiento” que se están dando desde entonces y que muchas personas conocen bien pues a punto ha estado de acarrearles la suspensión de la RGI. [Puede consultarse el vídeo de esta comparecencia a través de Irekia, pinchando aquí o sobre la imagen]

Respecto a la primera de las cuestiones —que les llevó aproximadamente una hora y cuarto—, ni la consejera Zabaleta ni los parlamentarios/as que intervinieron en el posterior debate aportaron datos o información de especial interés, sino que más bien se dedicaron a marear y dar vueltas en torno a una serie de datos estadísticos que poco o nada dicen respecto a los problemas que actualmente presenta la gestión de la RGI en sus distintas modalidades. En cambio, algo más de interés tuvo la segunda cuestión —que en la grabación del vídeo ocupa los últimos 25 minutos, aunque está incompleta—, pues por una parte Mikel Basabe (Aralar) toca en su introducción a la pregunta buena parte de los principales problemas y errores en la gestión de Lanbide durante los últimos meses, y en esta ocasión Gemma Zabaleta cedió la responsabilidad de dar la respuesta al director de Lanbide Javier Ramos, quien a diferencia de lo que había hecho hasta ahora la señora Zabaleta, aportó bastante más información sobre algunas cuestiones que desde hace tiempo venimos planteando algunos colectivos y movimientos sociales.

GEMMA ZABALETA

Como decíamos al principio, la comparecencia puede consultarse en vídeo a través de Irekia, por lo que cada cual puede extraer sus propias conclusiones. En cualquier caso, podríamos resumir la tesis principal de la señora Gemma Zabaleta del siguiente modo: para que no ocurra como todos los años, que finalmente el dinero empleado en prestaciones sociales (RGI y PCV, fundamentalmente, pues son un derecho subjetivo) es mucho más que el inicialmente presupuestado, nos hemos propuesto como objetivo la contención del gasto, pero esta no se pretende conseguir mediante ningún recorte, sino a través de la activación para el empleo, que es la puerta de salida del sistema de la RGI para que las personas no permanezcan indefinidamente en él; de hecho, de enero a aquí tenemos más personas cotizando a la seguridad social, y menos personas cobrando la RGI, lo cual de por sí son dos buenas noticias y significa que vamos por el buen camino.

Evidentemente, aquí podemos encontrar una serie de falsedades, mentiras y/o verdades a medias, y en concreto:

  • Conviene no olvidar que, se hable de lo que se hable —bases de datos, empleabilidad, control…— el fondo de todo este asunto es, por utilizar la expresión que la propia Gemma Zabalteta utiliza en varias ocasiones a lo largo de su intervención, la CONTENCIÓN DEL GASTO, un término que dicho así puede sonar muy bonito (sobre todo en cuanto la palabra «contención» puede sonar opuesta a «despilfarro») pero que en realidad obedece a las mismas presiones que están sufriendo todas las administraciones públicas europeas para “reducir el gasto público”, independientemente de que la situación económica actual exigiría precisamente a todo lo contrario, aumentar ese gasto para dar mayor cobertura a los miles y miles de personas que han perdido estos últimos años sus empleos o han visto empeorar sus condiciones de trabajo, salarios, pensiones, etc.
  • No es cierto que, como dice la señora consejera (minuto 26) “no hemos establecido ningún recorte, no hemos dicho vamos a cambiar tal cosa o vamos a cambiar tal otra; hasta este momento no se ha producido ningún cambio de esa naturaleza”. Menuda desfachatez la de la señora Zabaleta. De dos años a esta parte ha habido recortes en todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, y por citar simplemente tres ejemplos: 1) el pasado mes de febrero se estableció el nuevo límite de patrimonio máximo para las AES en 8.000 euros, lo cual le valió numerosas críticas por parte de Eudel y los ayuntamientos, según los cuales ese nuevo límite iba a dejar sin derecho a las AES a un tercio de las personas que las percibieron el año pasado, sobre todo a viudas y pensionistas; 2) tan sólo un día antes de la comparecencia, el Ayuntamiento de Bilbao denunciaba públicamente que la partida designada por el Gobierno Vasco para las AES ha descendido un 30% este año respecto del año anterior —de 5’4 a 3’8 millones de euros—, o sea que si todos los años ha habido miles de ciudadanos y ciudadanas a las que se han denegado las AES por falta de presupuesto, este 2011 el problema será aún más grave; y 3) el mismo día de su comparecencia vencía el plazo de un año que hará que todas las personas con inmuebles de escaso valor —un pedazo de terreno de unos cientos de euros— o que constituían la tercera unidad de convivencia que solicitó la RGI en una vivienda, pierdan automáticamente ese derecho, pese a no disponer de ningún otro tipo de ingreso o patrimonio. Esta última decisión de establecer en 2 el límite máximo de RGIs por vivienda, por cierto, al parecer es responsabilidad personal y exclusiva de Gemma Zabaleta, pues todo el resto de su equipo se inclinaba en su día por poner el límite en las 3 RGIs por vivienda, algo muchísimo más ajustado a la realidad social que viven centenares de personas en ciudades como Bilbao.
  • Respecto a esa “puerta de salida” de la activación para el empleo de la que constantemente nos habla Gemma Zabaleta, simplemente repetir lo mismo que venimos diciendo desde hace meses: todo indica que la señora consejera está pensando no tanto en una salida digna, permanente y voluntaria hacia un empleo adecuado y con perspectivas de futuro, sino en una salida temporal hacia contratos precarios y sin ninguna posibilidad de renovación (Plan Euskadi 09+), simplemente para maquillar las cifras y las estadísticas, o lo que es peor, en “sacar a patadas” a miles de personas del sistema utilizando para ello la coartada de la empleabilidad, pero sin que en realidad exista detrás de esa excusa ningún puesto de trabajo real ni tan siquiera ninguna oferta laboral, como bien pudimos comprobar en diciembre con el intento de suspensión de la RGI a 6.262 unidades de conviviencia entre las que se incluían pensionistas, personas hospitalizadas, personas que se encontraban ya trabajando o sin permiso de trabajo, etc. Y sin que hubiera ningún puesto de trabajo concreto en juego; y esto es importante, porque insistir en la empleabilidad de las personas perceptoras —como si el no tener un empleo fuera únicamente responsabilidad suya— en lugar de dedicar los esfuerzos a crear e impulsar el empleo real es insultar a esas personas y desviar la propia responsabilidad, señora Zabaleta.
  • Así, de bien poco servirá que “durante este 2011, 3.000 personas pasarán por el sistema de Lanbide para definir su «perfil de empleabilidad»» —o sea, que van a tener una entrevista de de 30 minutos con un orientador/a laboral, y poco más—, como comenta la consejera, si eso no va acompañado de creación de empleo. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es como se destruyen empleos de calidad y/o cualificados, incluido empleo público —sanidad, educación, servicios sociales, etc— para sustituirlo por empleos precarios y de baja cualificación, que es lo que se ofrece desde Lanbide a las personas perceptoras de RGI. Y es que detrás de la empleabilidad de Zabaleta lo que hay es mucha suspensión de RGI y muy poco empleo.
  • En fin, que el grueso de esta comparecencia se dedica a dar vueltas sobre un dato —la reducción en 1.290 del número de perceptores/as de RGI— que, en sí misma, no tiene por qué ser ni una buena ni una mala noticia. Sería una buena noticia si ese descenso se correspondiera únicamente con una disminución del número de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo de la RGI; pero para poder asegurar eso habría que tener la absoluta certeza de que todas las personas con ingresos inferiores a esa cantidad tienen garantizado el acceso a la RGI, sin ninguna traba ni oposición. Y no ya sólo nuestra propia percepción personal —basta con pasarse cualquier mañana por Nicolás Alkorta para ver a decenas de personas con la RGI suspendida en base a cualquier excusa o justificación, y a veces incluso sin explicación alguna—, sino el propio reconocimiento por parte de las diputaciones o Lanbide respecto a sus propios “errores” —el de diciembre, o ahora el de la fusión de las bases de datos de Langai y el INEM— y la situación de caos y saturación en que se encuentran las diputaciones —los 8 meses de retraso en la concesión de la RGI en Bizkaia, y lo mismo en la actualización de los expedientes— parecen indicar que ese descenso puede estar motivado también por la continua retirada o suspensión de la RGI a personas que ni han encontrado empleo, ni tan siquiera están cometiendo fraude. Por tanto, el único modo de saber si ese dato es una “buena” o una “mala” noticia es conocer hasta que punto se respeta el derecho de las personas sin ingresos a la RGI, y los plazos y procedimientos legales para su concesión, mantenimiento y suspensión o retirada. Y esos datos nunca han sido facilitados por las diputaciones, pese a que sería bien sencillo decir cuántas suspensiones cautelares se han decidido cada mes, cuántas de ellas se han recurrido por parte de las personas afectadas, y lo que es más importante, cuántos de estos recursos han sido respondidos —en uno u otro sentido, no decimos que las personas perceptoras siempre tengan razón y a veces la suspensión puede estar justificada— en el plazo debido, y no como ocurre en la actualidad en Bizkaia y esto está reconocido por la propia diputación, con un año de retraso, lo cual significa que la mayoría de las suspensiones cautelares se convierten en extinciones sin haber dado oportunidad a sus titulares a presentar alegaciones ni antes, ni después de la suspensión.

JAVIER RAMOS (DIRECTOR DE LANBIDE)

Los últimos veinte minutos de la comparecencia tuvieron algo más de interés en cuanto a la información y los datos que se ofrecieron, a pesar de que —¿o tal vez gracias a que?— la señora Zabaleta abandonara la sala de reuniones para dejar que fuera el director de Lanbide, Javier Ramos, quien respondiera a las peticiones de información y preguntas formuladas por parte de Aralar:

  • En primer lugar, la propia intervención de Mikel Basabe, en nombre de Aralar, [01:25 minututik aurrera, eta euskara hutsez eginda] tuvo indudablemente un mayor contenido político e incluyó un repaso a muchos de los “problemas y carencias” de los que ha hecho gala Lanbide en los últimos meses: el retraso en el nombramiento de directores de área, que obstaculizaron el normal funcionamiento del servicio; los defectos en la convocatoria para cubrir las plazas de orientadores/as, que han motivado que la propia convocatoria haya sido recurrida por los sindicatos; la falta de personal suficiente para atender a las personas usuarias, y mucho menos para hacerlo en euskera, algo a lo que cualquier ciudadano/a de la CAV que lo desee tiene derecho; el no cumplimiento de la ley de igualdad en el consejo de administración; el debate pendiente sobre la naturaleza jurídica que tendrá Lanbide —de derecho público o privado—; pero sobre todo y en cuanto más directamente afecta a miles de personas, los problemas habidos con la fusión de las bases de datos: la “aparición” de 7.500 “nuevos/as parados/as” —pese a que se trataba de personas ya inscritas en el anterior Langai-Lanbide—, la pérdida de los 60.000 currículos, y la amenaza de suspensión de la RGI que esta pérdida de currículos ha supuesto para centenares de perceptores/as. En este sentido, además de recordar que el viernes anterior la señora Zabaleta, a preguntas del PNV sobre ese mismo tema, no ofreció ninguna respuesta válida, el representante de Aralar volvió a exigir al Gobierno Vasco que reconociera la existencia del problema, en lugar de negarlo como hasta ahora, y que diera tiempo a las personas afectadas para actualizar sus datos.
  • La primera parte de la respuesta del señor Ramos no tuvo mayor interés que el de constatar algo que no por cada vez más frecuente tenemos que dar por bueno, como es el tratamiento puramente economicista o de gestión empresarial de un servicio público tan sensible y de tanta trascendencia para el bienestar del conjunto de la ciudadanía como son las políticas de empleo o el garantizar a todas las personas los recursos mínimos necesarios para su subsistencia, llegando incluso a utilizar expresiones tan propias del mundo de la empresa como “corazón del negocio” o bussines core para referirse nada menos que al acompañamiento en la búsqueda de empleo. Habría que recordarles a Gemma Zabaleta y su equipo que su área no se dedica a la producción de tornillos y a buscar un simple resultado económico en terminos de beneficios-puestos de trabajo, sino que detrás de cada uno de esos datos, cifras y estadísticas HAY UNA PERSONA DE CARNE Y HUESO a la que se debe tratar con un mínimo de respeto y de manera individual, de forma que —y a diferencia de los tornillos— lo que puede ser bueno para una puede no serlo para otra, etc. Este tipo de tratamiento frío y desde planteamientos productivistas es el que explicaría, en parte, que se cometan barbaridades como la que estuvo a punto de producirse en diciembre con el intento de suspender la RGI a 6.262 personas sin haberse parado siquiera a revisar caso por caso por qué esas personas no aparecían en los listados de Lanbide y si se debía a algún error de la administración, a las circunstancias personales de cada persona, etc.
  • Y ya en cuanto a la fusión de los datos entre las dos bases anteriores —la de Langai-Lanbide y la del SPEE-INEM— hay que agradecer que al menos el señor Ramos tuviera el detalle de admitir, por fin, lo que Gemma Zabaleta ha venido negando desde el pasado mes de marzo —cuánto mejor hubiera sido que lo hubiera hecho ella misma en persona, pero… por lo visto a la señora consejera el cuerpo no le da como para reconocer sus propios errores, ni mucho menos para pedir disculpas a nadie por ellos—, y que viene a dar la razón punto por punto a lo que ya decíamos hace 10 días, tras la comparecencia de Zabaleta en el pleno del parlamento: el problema de la fusión de las bases de datos no tiene nada que ver con la Ley de Protección de Datos, ni con que había gente apuntada “de fuera de la comunidad autónoma” o “que ya estaba trabajando”, como en un primer momento tuvo la desfachatez de afirmar la consejera, sino que se trata de sistemas informáticos diferentes, de modo que los datos del anterior Langai-Lanbide no se han perdido —siguen donde estaban— pero tampoco aparecen en el «Registro oficial de demandantes de empleo», por lo que esas 60.000 personas deberán pasarse una a una por Lanbide a actualizarlo —y mientras tanto, insistimos en que sus datos no aparecerán—, con todo lo que esto supone, máxime cuando TODAVÍA SE ESTÁN ENVIANDO LAS 200.000 CARTAS en las que se avisa a las personas perceptoras de los datos que aparecen en su ficha, y que no se pudieron mandar todas de golpe y a todas las personas decir que acudieran el mismo día porque hubiese supuesto UN COLAPSO en nuestras oficinas. Evidentemente que sí, sobre todo teniendo en cuenta que cada persona puede tardar entre media hora y dos horas en actualizar su currículo y vida laboral, y que el propio director de Lanbide admitió en su comparecencia que tienen mucho menos personal del que ellos mismos estiman necesario para un funcionamiento “normal”.
  • Lo que resulta mucho más grave es su afirmación de que “entiende que no se ha producido la pérdida de la RGI por parte de nadie, ni se ha perdido ningún dato, ni se ha condicionado nada” [minuto 01:45:55]. Una de dos —y cualquiera de esas dos opciones nos parecen de una tremenda gravedad—, o el señor director de Lanbide es tan dado a recurrir a la mentira como la señora Gemma Zabaleta, o realmente no se entera de lo que está ocurriendo en el organismo que dirige y las consecuencias que sus “errores” pueden llegar a tener para el bienestar de miles de personas. Ya explicamos hace un mes —con copia de la carta incluida— que según comentaban esos días en ventanilla de Nicolás Alkorta en Bizkaia fueron “cuatrocientas o quinientas personas” las que recibieron un aviso de suspensión de la RGI por no estar inscritas en Lanbide a fecha de 30 de marzo, pese a que muchas de ellas habían ido a fichar apenas unos días antes. El señor Ramos no se entera —o no se quiere enterar— de que el cruce de datos que él mismo describe en su comparecencia se hace entre perceptores/as de RGI y personas inscritas en Lanbide CON INTERMEDIACIÓN LABORAL, y que uno de los requisitos para que en su maravilloso sistema informático alguien aparezca inscrito/a con intermediación, es que estén rellenas todas y cada una de las casillas. Es decir, desde el momento que alguien borra un dato —o al menos así lo explican en Lanbide— sigues inscrito/a como demandante de empleo, pero no apareces en los listados de «inscritos/as con intermediación». Eso es lo que ocurrió en miles de los 6.262 intentos de suspensión de la RGI de diciembre —por ejemplo, quienes se encontraban haciendo cursillos en el propio INEM o Lanbide—, y lo mismo ha ocurrido en marzo y seguramente vaya a volver a ocurrir en el futuro, aunque parece que a Javier Ramos ni le preocupa demasiado y ni tan siquiera se ha enterado de ello.
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